SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1123/2006-R

III.1. Este Tribunal Constitucional al resolver un anterior recurso de hábeas corpus interpuesto por el recurrente contra la misma autoridad judicial, por su decisión contenida en el Auto de 8 de agosto de 2006, de emitir mandamiento de apremio contra el recurrente con habilitación de días y horas extraordinarias, en la SC 1007/2006-R, de 16 de octubre señaló: “(…) En el caso de autos, el Juez recurrido ordenó se expida mandamiento de apremio con habilitación de días y horas extraordinarias (fs. 33 vta.) sin referirse a la facultad de allanamiento, a solicitud de la parte demandante, en vista a que la Sentencia dictada contra el obligado adquirió ejecutoria y autoridad de cosa juzgada, toda vez que a tenor de lo previsto por el art. 517 del CPC, aplicable al caso por mandato del art. 252 del CPT, la ejecución de autos y sentencias pasadas en autoridad de cosa juzgada no puede suspenderse por ningún recurso ordinario ni extraordinario, ni el de compulsa ni el de recusación ni por ninguna solicitud que tendiere a dilatar o impedir el procedimiento de ejecución, por consiguiente la autoridad recurrida, obró con la facultad que le otorga el art. 216 del CPT, que establece que los jueces de partido de trabajo y seguridad social, tienen facultades para librar mandamiento de apremio contra el ejecutado cuando transcurridos tres días de la ejecución de sentencia, el perdidoso no cumple con su obligación de pago, por lo que no es evidente la vulneración que alega el recurrente. Para lo cual si el caso requiere y existe ocultamiento malicioso y evasivo del obligado, que retrasa indebidamente la ejecución del pago, el juez puede recurrir a medidas coercitivas como la habilitación de días y horas inhábiles con facultad de allanamiento, únicamente con el propósito de hacer cumplir el mandamiento de apremio, pues frente a la actitud dilatoria o que rehúsa el pago la ley ha previsto la figura del apremio en materia laboral, que no es otra cosa que la privación de la libertad hasta que se cumpla la obligación, caso contrario en situaciones de ocultamiento malicioso, el trabajador se vería imposibilitado de ejecutar el mandamiento de apremio y pasaría por alto el principio de irrenunciabilidad de los derechos de los trabajadores.