SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1123/2006-R

III.2.   Ahora bien, en el caso de autos, el recurrente impugna la orden de la autoridad demandada contenida en el Auto de 4 de septiembre de 2006, por la cual, ante la solicitud de la parte demandante del proceso social seguido en contra de su representado, dispuso la emisión del mandamiento de apremio con habilitación de días y horas extraordinarias y facultad de allanamiento; en este entendido, debe aplicarse la línea jurisprudencial glosada precedentemente, pues el juez laboral puede hacer uso de medidas coercitivas, entre ellas el allanamiento, para que se cumplan efectivamente las decisiones contenidas en las resoluciones judiciales que reconozcan los derechos de los trabajadores y se constate un ocultamiento malicioso y evasivo del obligado, en cuyo mérito la autoridad recurrida obró conforme la facultad que le reconoce el art. 216 del CPT, sin incurrir en ningún acto ilegal como erróneamente denuncia el recurrente en su demanda, por lo que no corresponde otorgar la tutela prevista en el art. 18 de la CPE.