AUTO CONSTITUCIONAL 0064/2006-CA

Sucre, 13 de febrero de 2006

Expediente: 2006-13319-27-RDN

Materia: Recurso directo de nulidad

El recurso directo de nulidad interpuesto por Celsa Nogales de Agreda contra Percy Fernández Añez, Fernando Prado Salmón, José María Cabrera Dalence, Ingrid Wichtendabl Torrez y Cinthia Asin Sánchez, Alcalde, Oficial Mayor de Planificación, Director Jurídico, Directora de Gestión Territorial de la Oficialía Mayor de Planificación y Jefa del Departamento de Iniciativas Jurídicas Estratégicas del Gobierno Municipal de Santa Cruz, respectivamente, demandando la nulidad de las Resoluciones Municipales 583/2004 de 3 de noviembre y 504/2005 de 1 de diciembre y las Resoluciones de suspensión de obras e intervención.

I. SÍNTESIS DEL RECURSO

I.1. Antecedentes

En el memorial presentado el 3 de febrero de 2006 (fs. 100 a 106), Celsa Nogales de Agreda, manifiesta lo siguiente: con su esposo Abel Agreda son propietarios de un bien inmueble y construcción de la Universidad Privada Franz Tamayo, producto de la adquisición de dos lotes de terreno y fusión de partidas, sobre ese derecho propietario la Oficialía Mayor de Desarrollo Territorial y Regulación Urbana junto al Director General, el 27 de octubre de 2003 emitieron la Resolución Técnico Administrativa 058/2003 autorizando el colocado de sellos de aprobación en los planos; en cuya ejecución el 31 de octubre de 2003 se procedió al sellado de planos.

Una vez aprobados, procedieron a la construcción del edificio de la Universidad Franz Tamayo encontrándose al presente en la fase de conclusión de obra fina; después de 5 meses y 22 días del sellado de planos la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno (UAGRM) por escrito de 23 de abril de 2004, interpuso recurso de revocatoria contra la Resolución 58/2003 sobre la base de la Ley 1107 y del art. 211 del Código de Urbanismo y Obras; el Oficial Mayor de Desarrollo Territorial por Resolución 02/2004 de 6 de mayo rechazó el recurso de revocatoria por haber sido planteado fuera de término, contra dicha Resolución y la Resolución 58/2003, la UAGRM por escrito de 10 de mayo de 2004 interpuso recurso jerárquico el que, mediante oficio de 10 de mayo de 2004, fue elevado ante el Alcalde Municipal; por escrito de 12 de junio de 2004 la UAGRM fundamentó su recurso jerárquico y por escrito de 21 de junio de 2004, expresó no haber conocido el resultado de dicho recurso; a continuación apareció la Resolución Administrativa 583/2004 de 3 de junio por la que el Alcalde Municipal resolvió la nulidad de obrados hasta el vicio más antiguo, disponiendo que el Director de Regulación Urbana, el Director General de Desarrollo Territorial y el Oficial Mayor de Desarrollo Técnico procedan a valorar la solicitud de aprobación de planos de uso de suelo; por escrito de 28 de junio de 2004 el Rector de la UAGRM solicitó orden de paralización de obras, solicitud que fue negada por el Alcalde Municipal mediante decreto de 30 de junio de 2004; el 21 de marzo de 2005 de manera extraña el Oficial Mayor de Desarrollo y Territorio y la Directora General de Desarrollo Territorial dispusieron la suspensión provisional de la obra como medida precautoria; el 15 de noviembre de 2005 el actual Rector de la UAGRM solicitó la resolución del recurso jerárquico pretendiendo una segunda resolución de un mismo recurso jerárquico, porque dicho recurso ya había sido resuelto por Resolución 583/2004; el Alcalde Municipal Percy Fernández cumpliendo el compromiso asumido con la Universidad Pública, emitió la RA 504/2005 de 1 de diciembre, por la que revocó la Resolución 058/03 de aprobación de planos de construcción, provocando una confusión jurídica lamentable ya que la Resolución 58/2003 había sido anulada; las posteriores resoluciones de suspensión de obras expedidas por funcionarios de menor jerarquía al Alcalde Municipal las rebatieron con la SC 0436/2004-R que declaró procedente el recurso de amparo constitucional interpuesto por ellos contra el Gobierno Municipal, otorgándoles tutela jurídica.

Concluye señalando que el 26 de enero de este año, el Director Jurídico, el Director de Gestión Territorial Oficialía Mayor de Planificación, el Oficial Mayor de Planificación y el Jefe del Departamento de Iniciativas Jurídicas Estratégicas del Gobierno Municipal de Santa Cruz, con el apoyo de la Gendarmería de la Alcaldía y la Policía Nacional, procedieron al allanamiento y despojo del inmueble de su propiedad, haciéndole conocer que dicho acto fue en “cumplimiento coacticvo” sic. de las Resoluciones 583/2004 y 504/05.

I.2. Argumentos jurídicos del recurso

La recurrente argumenta que con la Resolución 58/2003 de aprobación de planos fue notificada el 31 de octubre de 2003, en tanto que el recurso fue deducido por la Universidad Pública el 22 de abril de 2004, esto es, después de 5 meses y 22 días de la notificación, en consecuencia, fuera del término previsto por el art. 140 de la Ley de Municipalidades (LM), lo que significa que la Resolución impugnada se encontraba ejecutoriada; consiguientemente, no pudo ser revocada en sede administrativa y el Alcalde Municipal no tenía competencia para revisar una resolución firme que había “adquirido estabilidad” sic., por lo que al dictar las Resoluciones 583/2003 y 504/2004 ha actuado sin competencia, más propiamente en usurpación de funciones que no le competen.

Arguye que, además, la UAGRM no tiene legitimación para formular recurso alguno toda vez que no es titular del inmueble ni tiene ninguna relación con el mismo, no es colindante, por lo que no tiene ningún derecho subjetivo o interés legítimo lesionado.

Alega que, con referencia al recurso jerárquico, el mismo fue interpuesto por la UAGRM el 21 de junio de 2004, recurso que debió ser resuelto por el Alcalde Municipal hasta el 2 de mayo de 2004, al no haberlo hecho, por efecto del silencio administrativo, la pretensión de la UAGRM fue denegada, hecho con el que se agotó la vía administrativa abriéndosele la competencia de la vía judicial mediante el contencioso administrativo, por lo que el Alcalde al dictar la Resolución 583/2004 lo hizo sin competencia; además de que por Resolución 583/2004 se anuló la Resolución 58/20203 sin disponer la suspensión de obras, el nuevo Alcalde Municipal, Percy Fernández, dictó la Resolución 504/2005 de 1 de diciembre, revocando la Resolución 58/2003, con absoluta falta de competencia.

Concluye argumentando que son nulas las resoluciones que han emitido los subalternos del Alcalde Municipal, toda vez que el Alcalde perdió competencia con los argumentos mencionados anteriormente, por tanto, el Director Jurídico, Oficial Mayor de Desarrollo Territorial y la Jefe del Departamento de Iniciativas Jurídicas no podían haber dictado ninguna resolución dentro del proceso administrativo, es más, existiendo una resolución del Alcalde que disponía la no suspensión de los trabajos de construcción de la Universidad Privada Franz Tamayo, estos funcionarios mal podían modificar o cambiar lo dispuesto por la máxima autoridad del Ejecutivo Municipal, menos ejecutar la suspensión procediendo al despojo del inmueble de su propiedad, por lo que también incurrieron en usurpación de funciones que no les compete.

I.3. Petición

La recurrente solicita se declare la nulidad de las Resoluciones Municipales 583/2003, de 3 de junio y 504/2005, de 1 de diciembre, así como las resoluciones de suspensión de obras e intervención dispuestas y ejecutadas por los funcionarios municipales. Asimismo pide se disponga la remisión de actuados para el procesamiento penal contra las autoridades municipales.

II. ANÁLISIS DEL CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS DE

ADMISIÓN

II.1. El recurso directo de nulidad es una acción jurisdiccional de control de legalidad sobre los actos o resoluciones de las autoridades públicas, con la finalidad de declarar expresamente la nulidad de los actos invasivos o usurpadores de las competencias delimitadas por la Constitución y las leyes, y que opera como un mecanismo reparador a objeto de materializar la garantía contenida en el art. 31 de la CPE.

A objeto de desarrollar dicha garantía constitucional, el orden procesal confiere a la Comisión de Admisión la atribución de verificar el cumplimiento de los requisitos tanto de forma como de contenido, a objeto de determinar su admisión o rechazo, según corresponda; así se desprende de las normas contenidas en los arts. 30, 31 inc. 1) y 82 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC).

II.2. Conforme establece el art. 81 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), el recurso directo de nulidad se interpondrá dentro del plazo de treinta días computable a partir de la notificación con la resolución impugnada; a su vez, el art. 31.1) de la LTC establece que cuando no se cumplan los requisitos exigibles en cada caso, es atribución de la Comisión de Admisión rechazar los recursos.

A partir de una interpretación contextualizada de dicha norma, debe entenderse que el plazo corre no solamente a partir de la ejecución del acto o de su notificación expresa, sino también desde que el afectado tiene evidente conocimiento de la determinación que le causa agravio porque considera que ha sido pronunciada sin jurisdicción ni competencia.

II.3. En el caso que se examina, de la documentación cursante en el expediente se constata que con la Resolución Administrativa 583/2004 de 3 de junio de 2004 (fs. 31 a 34) fue notificada la apoderada de la recurrente ( fs. 40) el 1 de julio de 2004 y con la Resolución Administrativa 504/2005 (fs. 73 a 78) fue notificada el 5 de diciembre de 2005 (fs. 79); siendo interpuesto el presente recurso el 3 de febrero de 2006 (fs. 106 vta.); consecuentemente, fue interpuesto después de 1 año y siete meses de la notificación con la primera Resolución y después de 41 días de su notificación con la segunda resolución, es decir, extemporáneamente, fuera del plazo de 30 días establecido por el art. 81 de la LTC, no pudiendo por esta razón ingresar al análisis y conocimiento del fondo del asunto, por lo que corresponde su rechazo.

II.4. Con referencia a las Resoluciones de suspensión de obras e intervenciones incumple el requisito establecido por el art. 30 inc. 4) de la LTC ya que no especifica cuáles son las resoluciones de obras de intervención que impugna, por lo que incluso no se puede determinar si las copias, fotocopias legalizadas o testimonio de las mismas están adjuntas al recurso, menos si fueron interpuestas dentro del plazo establecido por el art. 81 de la LTC, por lo que el presente recurso se halla dentro de los casos de rechazo, por incumplimiento de requisitos conforme a lo dispuesto por el art. 31 inc. 1) de la LTC

POR TANTO

La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional, en virtud de lo establecido por los arts. 31.1) y 82.I de la LTC, RECHAZA el recurso directo de nulidad interpuesto por Celsa Nogales de Agreda, demandando la nulidad de las Resoluciones Municipales 583/2004 de 3 de noviembre de 2004 y 504/2005 de 1 de diciembre de 2005 y las Resoluciones de suspensión de obras e intervención.

Regístrese, hágase saber y publíquese en la Gaceta Constitucional.

COMISION DE ADMISIÓN

Fdo. Dra. Elizabeth Iñiguez de Salinas

PRESIDENTA EN EJERCICIO

Fdo. Dr. José Antonio Rivera Santivañez

MAGISTRADO

Fdo. Dr. Artemio Arias Romano

MAGISTRADO