SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0432/2006-R

Los recurrentes arguyen que la autoridad recurrida vulneró sus derechos a la seguridad jurídica y al debido proceso, por cuanto, por una parte no consideró el hecho de que no fueron legalmente notificados con el Auto de 16 de mayo de 2005 que aceptó la prescripción de la acción penal, por los delitos de uso de instrumento falsificado y estelionato declarándose la ejecutoria de la Resolución; por otra, cuando resolvió la solicitud de prescripción de la acción no tuvo en cuenta que la consumación de los delitos querellados recién cesó el año 2003 y a partir de ahí recién debió computar el plazo de la prescripción. Concierne, en revisión, analizar si en este caso se debe otorgar la tutela buscada por el actor.