SENTENCIA CONSTITUCIONAL 0530/2006-R

El recurrente denuncia por sus representados en la presente acción tutelar, que tanto la Administración de la Aduana Interior como los funcionarios de  ALBO S.A., se negaron a entregar el motorizado de propiedad de sus representados que fue ordenado mediante requerimiento fiscal, pese a que cumplieron con todos los requisitos previstos en el trámite administrativo de nacionalización del mismo, por cuanto el vehículo en cuestión contaba con póliza y/o DUI, carnet de propiedad, pago de impuestos, placas de circulación; habiendo incluso cancelado el monto correspondiente al servicio de almacenaje que prestó ALBO S.A., con el argumento de que el mismo había sido adjudicado al Ministerio de Gobierno; ante cuya situación, sus representados ocurrieron ante el Juez Penal Cautelar solicitando se ordene el secuestro de su motorizado con auxilio de la fuerza pública, a efectos de que se disponga su entrega, sin embargo, dicha autoridad judicial rechazó su petición y los derivó nuevamente ante la autoridad fiscal, quien no obstante dictó Resolución reiterando la orden de entrega del vehículo de propiedad de sus mandantes,  las autoridades recurridas, hicieron caso omiso a la orden fiscal. En consecuencia, corresponde determinar, antes de ingresar al fondo de la problemática planteada si se cumplieron los requisitos de admisibilidad previstos en la ley.