SENTENCIA CONSTITUCIONAL 2471/2010-R

En el Juzgado Sexto de Sentencia, se sustanció la acción penal por perturbación de la posesión que el recurrente siguió contra Waldo Peñaloza Ibáñez, quien en ocasión de la celebración del juicio oral y público, promovió excepciones de falta de acción, litispendencia y prejudicialidad; las dos primeras fueron declaradas improbadas por el Juez de la causa, y la tercera se declaró probada con el argumento de que existía una relación jurídica del proceso interdicto de recuperar la posesión, cuando aquél ha sido promovido por otros sujetos, tratándose de hechos diferentes, porque el proceso penal abierto contra el procesado versa sobre un hecho ocurrido el 25 de septiembre de 2006, a partir de la 9:30 am., y cuya autoría material e intelectual recae en el procesado; por lo que apelada la decisión en la parte que declara probada la excepción prejudicial con los motivos y fundamentos expuestos en el recurso de apelación.

Sorteada y radicada la causa en la Sala Penal Tercera, los Vocales que la integran dictaron la Resolución 95/2008 de 16 de junio, en la que no resolvieron nada sobre la valoración de la prueba ilícita realizada por el inferior en grado; además, tampoco resolvieron el reclamo de la exclusión probatoria, que no puede ser segregado del procedimiento penal, con el pretexto de la libertad probatoria; porque el primer filtro  para poder valorar la prueba es la licitud vía incidente, mediante procedimiento de exclusión; al igual que los fundamentación de los elementos fácticos  o conjuntos de hechos que son objeto del recurso de apelación y que no son resueltos en el mencionado Auto de Vista, que agravó su situación procesal cuando de igual manera omitió motivar fácticamente su decisión. Por lo que se vulneró lo establecido por el art. 398 del Código de Procedimiento Penal (CPP) que regula la competencia del Tribunal de alzada para resolver las cuestiones planteadas en apelación y de otros derechos conexos como la tutela judicial efectiva, que se ve afectada por falta de congruencia fáctica entre lo pretendido en el recurso de apelación con lo resuelto  mediante el Auto de Vista impugnado.