Sentencia: 0034/2010

Sobre el particular, el Magistrado que suscribe considera que los Decretos Supremos también pueden ser objeto de control competencial de constitucionalidad a través del recurso directo de nulidad, cuando se alega que los mismos fueron emitidos sin jurisdicción ni competencia, como en el caso presente, donde expresamente se señala  que los demandados “carecen de jurisdicción y competencia para prohibir, limitar o definir a través de un Decreto Supremo, que es una norma inferior a una Ley Especial, el derecho preferente otorgado a los peticionarios por los Artículos 13 y 128 de la Ley 1777-código de Minería vigente”.

Consecuentemente, correspondía que se ingrese al análisis de fondo del recurso planteado, más aún si se considera que el recurso directo de nulidad fue admitido por la Comisión de Admisión a través del AC 286/2007-CA de 6 de junio, cuando se tenía el criterio jurisprudencial anterior, en sentido que el recurso sí procedía contra Decretos Supremos, por lo que tenemos dos interpretaciones distintas que fueron aplicadas dentro de un mismo caso, lo que no es aceptable, porque se afecta directamente el valor, principio y derecho de seguridad jurídica, el derecho de acceso a la justicia del recurrente y la predictibilidad de los fallos.

Las reglas de admisión deben estar previamente establecidas, por lo que no puede aceptarse de ninguna manera que una vez presentada y admitida la demanda, se cambien las reglas de manera restrictiva, pues con ello -reiterando- se afecta el derecho de acceso a la justicia y la seguridad jurídica.  Además, en la Sentencia que motiva la disidencia no se establecen los motivos por los cuales se cambia de entendimiento jurisprudencial; en ese entendido, no se cumplió con la carga argumentativa adicional necesaria que se exige a los jueces y tribunales que modifican un precedente, aspecto que se justifica por el carácter vinculante de las resoluciones del Tribunal Constitucional.