AUTO CONSTITUCIONAL 0007/2010-CDP

II.1.     En principio cabe señalar que el debido proceso previsto por el art. 115.II de la Constitución Política del Estado (CPE) que ha sido entendido por este Tribunal como: "… el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar..." SC 0418/2000-R de 2 de mayo, es aplicable a todos los procesos incluyendo a los procedimientos constitucionales. Precisamente uno de los elementos del debido proceso es el derecho a la defensa, que entre otros alcances implica el pleno conocimiento del proceso, por ello las citaciones y/o notificaciones deben cumplir esa finalidad esencial, pues es a partir de ese acto procesal importante que la parte procesal puede ejercer sus derechos, de lo contrario el procedimiento constitucional en este caso resultaría lesivo a otros derechos. Al respecto, la SC 1845/2004-R de 30 de noviembre, estableció que: "…los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en si misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario (así SC 0757/2003-R, de 4 de junio); dado que sólo el conocimiento real y efectivo de la comunicación asegura que no se provoque indefensión en la tramitación y resolución en toda clase de procesos"…; no obstante, también debe considerarse que: "… toda notificación por defectuosa que sea en su forma, que cumpla con su finalidad (hacer conocer la comunicación en cuestión), es válida".