SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1138/2010-R
Fecha: 27-Ago-2010
SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1138/2010-R
Sucre, 27 de agosto de 2010
Expediente: 2008-18134-37-RHC
Distrito: Cochabamba
Magistrado Relator: Dr. Abigael Burgoa Ordóñez
En revisión la Resolución de 24 de junio de 2008, cursante a fs. 18 y vta., pronunciada por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, dentro del recurso de hábeas corpus, ahora acción de libertad interpuesto por Ana Isabel Parra Laura contra Moisés Martínez Zenteno, Administrador Regional a.i. de la Caja Nacional de Salud (CNS), alegando la vulneración de su derecho a la libertad, citando al efecto el art. 6.II de la Constitución Política del Estado abrogada (CPEabrg).
I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA
La recurrente en el memorial presentado el 23 de junio de 2008, cursante a fs. 4 y vta., manifiesta que el 27 de mayo del referido año, como emergencia de un accidente de tránsito, en el que fue embestida la moto en la que iba como acompañante, fue internada en el hospital de la CNS, siendo intervenida quirúrgicamente; por lo cual el servicio médico recibido asciende a la suma de Bs833970.- (ocho mil trescientos treinta y nueve 70/100 bolivianos). Es así, que al encontrarse estable, ha sido dada de alta; empero, se encuentra retenida en dicho nosocomio, como prenda de garantía de la obligación, por parte del Administrador Regional de la CNS.
Se denuncia la vulneración del derecho a la libertad, citando al efecto el art. 6.II de la CPEabrg.
I.1.3. Persona recurrida y petitorio
La recurrente, interpone recurso de hábeas corpus contra Moisés Martínez Zenteno, Administrador Regional del hospital de la CNS de Cochabamba, solicitando sea declarado procedente y se disponga su inmediata libertad.
Efectuada la audiencia pública el 24 de junio de 2008, con la presencia de la recurrente y el recurrido, ambos asistidos por sus abogados y en ausencia del representante del Ministerio Público, según consta en el acta cursante de fs. 16 a 17 de obrados, se produjeron los siguientes actuados:
El abogado de la recurrente, ratifico in extenso los términos del recurso planteado y los amplió señalando que: a) Su cliente fue dada de alta el 17 de junio de ese año; sin embargo, ha sido retenida hasta que cancele el total de la liquidación efectuada por concepto de los servicios médicos que ha recibido, sin considerar que la CNS, tiene los medios legales para realizar el cobro, además día que pasa se incrementa el monto de la deuda, aclarando que existe la intención de realizar el pago en cuotas de acuerdo a sus posibilidades, lo que se resolverá una vez que se determine en esta acción tutelar, su libertad; y, b) La autoridad recurrida, tenía la obligación de hacer comparecer a su clienta a la audiencia, para que sea liberada con la resolución que el Tribunal de garantías emita, solicitando por lo señalado, se declare procedente el recurso y se ordene la inmediata libertad de su defendida.
El abogado del recurrido Administrador Regional de la CNS, Moisés Martínez Zenteno, en su informe escrito de fs. 15, y en audiencia manifestó: 1) La recurrente fue atendida en el nosocomio, como emergencia de un accidente de tránsito en que iba como acompañante en la moto que fue embestida por un brasilia, resultando con varias contusiones y pérdida de sustancia, siendo por ello intervenida quirúrgicamente y como de acuerdo al art. 80 inc. c) del Código de Seguridad Social (CSS), en estos casos de accidentes el seguro de salud no reconoce los gastos, éstos deben ser cubiertos por la paciente. Sin embargo, existe un compromiso firmado por el "Sr. Ramos" conductor de la moto y su garante Miriam García, por lo cual la Caja deben conminar a la parte interesada la forma de pago e indicando que en caso de la no cancelación se les seguirá demandada coactiva; 2) La parte recurrente, sin ninguna comunicación al Administrador como autoridad competente, simplemente lo ha demandado con el presente hábeas corpus. Solicita se tenga presente que el Código de Seguridad Social, determina que se deben agotar las instancias conforme a los arts. 302 y 501 del Reglamento del CSS, habiéndose conminado y en ningún momento se le dijo que estaba en calidad de detenida; contrariamente se dijo a la paciente que puede retirarse el momento que vea conveniente, porque los gastos se van a aumentar por el uso de la cama y otros, pero la ahora recurrente no se ha retirado, porque nadie ha venido a reclamar ni sus pertenencias y menos su cédula de identidad; sin embargo, como Caja Nacional de Salud, se van a limitar al compromiso de pago y liquidar a la parte, además de que por información de la esposa del conductor de la moto ya se ha transado y cancelado el 35% del gasto, siendo raro que no se haya hecho ningún pago, constituyendo una manera muy irresponsable; y, 3) Se está cumpliendo un procedimiento administrativo, ya que son funcionarios públicos y están sometidos a la Ley de Administración y Control Gubernamentales que en el art. 31 los responsabiliza por no concluir un procedimiento administrativo, además hace conocer que ni siquiera fueron a la Oficina Regional para decidir la forma de arreglo del pago, solicitando por lo expuesto se declare improcedente el recurso.
I.2.3. Resolución
Concluida la audiencia, el Tribunal de garantías, conformado por los Vocales de la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba, pronuncia la Resolución de 24 de junio de 2008 de fs. 18, que declara improcedente el recurso, con los siguientes fundamentos: i) La recurrente no ha demostrado de manera objetiva que se encuentra retenida en el nosocomio, hasta el pago de los gastos de su atención médica, existiendo un compromiso de pago firmado por el conductor de la moto y su garante, documento que puede ser ejecutado por la vía correspondiente; y, ii) La sola afirmación de la recurrente sin prueba que respalde la misma, al haber presentado sólo una fotocopia legalizada de la proforma de deuda emitida por el hospital de la CNS no viabiliza la protección solicitada.
I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
Debido a la ausencia de quórum necesario las causas pendientes de resolución por parte del Tribunal Constitucional, quedaron en espera hasta la designación de nuevos Magistrados.
En virtud de dicho nombramiento, por Acuerdo Jurisdiccional 001/2010 de 8 de marzo, se dispuso el reinicio de los cómputos. Por tanto, se sorteó el expediente el 3 de agosto del presente año, razón por la cual, la Resolución emitida se encuentra dentro de plazo.
II. CONCLUSIONES
Del análisis del expediente y de las pruebas aportadas, se concluye lo siguiente:
II.1. El 27 de mayo de 2008, la ahora recurrente Ana Isabel Parra Laura, fue internada en el hospital de la CNS, como emergencia de haber sufrido un accidente de tránsito al haber sido embestida la moto en la que iba como acompañante por una Brasilia, posteriormente fue intervenida quirúrgicamente; fecha en la cual también se suscribió un compromiso de pago por la atención médica que requeriría la paciente, entre el nosocomio y Ronald Álvarez Ramos y como garante Miriam García Alcocer (fs. 8 a 9; y 11).
II.2. El 17 de junio de 2008, se dio de alta a la paciente, ahora recurrente, con las indicaciones para su post operatorio, sosteniendo la recurrente encontrarse retenida hasta que cancele la liquidación efectuada por los servicios médicos que recibió (fs. 6).
II.3. La repartición Contabilidad de la CNS, emitió la proforma, por la suma de Bs8339,70.- por concepto de la atención médica que recibió la ahora recurrente desde el día de su internación 27 de mayo de 2008 (fs. 2).
III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
El recurrente, ahora accionante, alega que se vulneró su derecho a la libertad, por cuanto el Administrador Regional Cochabamba del hospital de la CNS, no obstante del alta que le dieron, el Administrador de dicho nosocomio, la ha retenido hasta que cancele la proforma, emitida, por la atención médica que recibió como consecuencia del accidente de tránsito que sufrió. En consecuencia, corresponde determinar si los extremos demandados son evidentes para otorgar o denegar la tutela solicitada.
III.1. Operatividad y aplicación en el tiempo del bloque de constitucionalidad
Antes de desarrollar la argumentación jurídica conveniente al caso concreto; previamente, es imperante referirse a la uniforme jurisprudencia que este Tribunal Constitucional ha desarrollado a partir de la SC 0001/2010-R de 25 de marzo y todas las posteriores, en ese contexto, debe establecerse que la Constitución Política del Estado, aprobada mediante referendo constitucional de 25 de enero de 2009, es de aplicación directa a las causas conocidas en revisión, aspecto que emana de su carácter de norma suprema del orden jurídico y que además se encuentra debidamente sustentado por los principios de irradiación y de eficacia plena del bloque de constitucionalidad ampliamente explicados en la SC 0008/2010-R de 6 de abril, entre otras.
III.2. Armonización de términos procesales-constitucionales
Siendo aplicable al caso concreto la Constitución vigente y los demás compartimentos del bloque de constitucionalidad, es imperante previamente aclarar la terminología procesal-constitucional a ser utilizada; al respecto, la Constitución abrogada en el art. 18, norma el "recurso de hábeas corpus". De manera más amplia y garantista los arts. 125 al 127 de la Constitución Política del Estado vigente reglamentan la llamada "acción de libertad", sin que en esencia esta nueva norma altere el "núcleo esencial" de este mecanismo procesal, sino por el contrario, se aumenta su radio de protección al derecho a la vida.
En mérito a lo expuesto, se puede establecer que una diferencia entre ambas normas no se refiere al núcleo esencial de protección de esta garantía de defensa, sino mas bien la diferencia radica en la dimensión procesal de ambos; es decir, que con la Constitución abrogada este era considerado un recurso, en cambio, con la Constitución vigente, este mecanismo es una acción.
El cambio en cuanto a la dimensión procesal de esta garantía, tiene incidencia directa en la terminología a utilizarse en cuanto a las partes procesales involucradas en las causas a ser resueltas, en ese contexto, la norma constitucional abrogada denominaba a las partes intervinientes recurrente (s) y autoridad (es) recurrida (s), terminología que en la nueva dimensión procesal de esta garantía debe cambiar.
Lo precedentemente expuesto, denota la necesidad de uniformar la terminología aplicable a las causas pendientes de resolución en el marco del mandato inserto en los arts. 4 y 6 de la Ley 003, por tal razón, es pertinente señalar que en virtud a la nueva dimensión procesal de esta garantía, deben adecuarse los términos a la Constitución vigente, motivo por el cual, la parte que hubo activado la tutela en vigencia de la anterior Constitución y cuya causa será resuelta por el Tribunal Constitucional en el marco del art. 4 de la Ley 003, deberá ser denominada accionante, aclarando su carácter inicial de recurrente. Por su parte, la autoridad contra la cual se activó este mecanismo procesal-constitucional, deberá ser denominada autoridad demandada, términos que se enmarcan a la nueva dimensión procesal de la acción de libertad.
Es imperante establecer también que en caso de ordenarse la tutela, se deberá utilizar el término "conceder la tutela"; en contrario sensu, en caso de no concurrir los supuestos pertinentes para su otorgación, el juez o tribunal de garantías deberá "denegar la tutela", y en los casos en que no se ingrese al fondo de la problemática, se hará constar ésta situación. Por su parte, el Tribunal Constitucional, deberá aprobar o revocar la decisión del juez o tribunal a quo, terminología que en el marco de la aplicación de la Constitución vigente debe ser utilizada por todos los tribunales y jueces, así lo han entendido las SSCC 0008/2010-R y 0101/2010-R, entre otras.
III.3. Retención de pacientes en hospitales o clínicas
Respecto a la retención de pacientes en los hospitales o clínicas, cuando éstos son dados de alta, por el incumplimiento en el pago de las cuentas por concepto de atención médica, este Tribunal en reiterada jurisprudencia ha señalado, que cuando un centro hospitalario del Estado, con la finalidad de obtener el pago del tratamiento, retiene al paciente no obstante de haber sido dado de alta, vulnera sus derechos a la libertad física y de locomoción, correspondiendo otorgar al afectado la tutela que brinda el art. 18 de la CPE abrg, destinado a proteger a toda persona que se creyere ilegalmente restringida o suprimida de su derecho de locomoción a consecuencia de actos de los funcionarios públicos. Al respecto este Tribunal Constitucional, ha sentado jurisprudencia en ese sentido. Así en la SC 0074/2010-R de 3 de mayo, recogiendo las líneas jurisprudenciales desarrolladas, armonizándolas con la Ley Fundamental, ha señalado:
"En consecuencia se deja establecido que ningún centro hospitalario o de salud público o privado, debe retener a un paciente que no pueda cubrir los gastos que ha demandado su curación, toda vez que la norma prevé que las obligaciones de naturaleza patrimonial deben ejecutarse únicamente sobre el patrimonio del sujeto responsable, por tanto los nosocomios a través de sus unidades jurídicas, deberán constituir mecanismos legales que les permitan garantizar el cobro de la obligación, teniendo en cuenta la situación de indigencia, pobreza, beneficios, descuentos, programas asistenciales y otros promovidos por el Estado. Sin que este entendimiento signifique que, las instituciones de salud públicas y privadas puedan negarse a atender a los pacientes que acudan a dichas instituciones bajo ningún justificativo, lo contrario significaría lesionar el derecho fundamental a la vida, adherida a su componente esencial la salud" (las negrillas agregadas).
La referida Sentencia, continuó señalando:
"En el caso específico, lo mencionado nos permite concluir que, tanto los centros hospitalarios públicos como privados, lesionan el derecho a la libertad individual y de locomoción de los pacientes dados de alta o en su caso de aquellos que se nieguen a dar la alta, cuando con la retención -en sus instalaciones- pretenden coaccionar el pago de la deuda por cuentas de tratamiento médico e internación; en cuyo caso, corresponde conceder la tutela que brinda el art. 125 de la CPE, que está destinada a proteger a toda persona que se creyere ilegalmente restringida o suprimida de su libertad personal y de locomoción, a consecuencia de actos de los funcionarios públicos y/o de personas particulares" (las negrillas son nuestras).
Ahora bien, la SC 1304/2002-R de 28 de octubre, haciendo referencia a los directores o autoridades responsables de centros hospitalarios estatales, señaló que en nuestro ordenamiento jurídico no existe ninguna disposición que faculte a los mismos a retener a un paciente por no cubrir los gastos que demandaron su curación; al contrario, existen normas expresas que prohíben la detención o la privación de la libertad física por obligaciones patrimoniales, tales como los arts. 7.7 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos; 6 de la Ley de Abolición de Prisión y Apremio Corporal por Obligaciones Patrimoniales (LAPACOP) y 1466 del Código Civil (CC).
III.4. El caso en examen
En el caso de autos, la ahora accionante, alega que fue dada de alta del hospital de la CNS, el 17 de junio de 2007, según el memorial de hábeas corpus, ahora acción de libertad; fecha a partir de la cual debió permitírsele su salida, sin mayor formalidad, pues como se ha establecido en la jurisprudencia citada en el Fundamento Jurídico III.3 de la presente Resolución, no existe aprehensión y menos detención por obligaciones patrimoniales, salvo las excepciones previstas por ley, dentro de las cuales no se encuentran las deudas por internación hospitalaria; lo contrario, constituiría una típica privación de libertad física que se genera en la intención del demandado de hacer efectivo el pago de una suma de dinero que se adeuda al Hospital por servicios médicos y quirúrgicos prestados. Ahora bien, de acuerdo a los antecedentes procesales; existe un compromiso de pago suscrito entre la CNS y Ronald Álvarez Ramos y la garante Miriam García Rodríguez, mediante el cual estipulan que el monto al que ascienda la atención médica que requiera la paciente, ahora accionante, será cancelado por los suscribientes y en caso de incumplimiento el nosocomio, está facultado para iniciar las acciones legales que correspondan; circunstancia que determina, en este caso, que la actitud del Administrador Regional del hospital de la CNS, es vulneratoria del derecho a la libertad de la accionante; por cuanto no está permitido que por deudas se prive de libertad a las personas, existiendo para ello los mecanismos y vías legales efectivas para ello.
No obstante a lo señalado, es imprescindible referirse a la Resolución emitida por el Tribunal de garantías, que declaró improcedente la presente acción tutelar con el fundamento de existir "solo la simple afirmación de la accionante sin prueba alguna que respalde la misma"; sin haber compulsado debidamente los extremos denunciados, y proceder a dar credibilidad al demandado, quien de la misma manera sólo afirma no ser evidente la retención alegada, y que por el contrario le indicaron a la paciente que "podía retirarse el momento que vea conveniente"; de lo que se infiere no ser cierto lo aseverado por el accionado, por cuanto de haber sido así, la paciente no se hubiere visto obligada a acudir a esta jurisdicción constitucional, en búsqueda de recuperar su libertad; más aún cuando en la audiencia pública de consideración de la presente acción, el abogado de la accionante cuestionó al funcionario demandado, el no haber dispuesto que su defendida asista a dicho actuado procesal, lo que implica que se encontraba todavía en el nosocomio, aspecto que no fue desvirtuado por la autoridad demandada; circunstancias que deben ser ponderadas por los jueces o tribunales de garantías a tiempo de resolver la acción de libertad, al estar en juego el bien jurídico "Libertad".
III.5. Empleo de terminología en cuanto a la otorgación o denegación de tutela
El Tribunal de garantías, en su Resolución de 24 de junio de 2008, cursante a fs. 18 y vta., utiliza el término de improcedente, para denegar la tutela, al respecto, el art. 126.III de la CPE, establece que "…La sentencia podrá ordenar la tutela de la vida, la restitución del derecho a la libertad, la reparación de los defectos legales, el cese de la persecución indebida o la remisión del caso al juez competente…", terminología que es compatible a la utilizada por el art. 18 de la CPEabrg. Ahora bien, se debe entender que al ordenar la tutela, es coherente utilizar el término "otorgar la tutela" o "conceder la tutela"; en contrario sensu, en caso de no concurrir los supuestos pertinentes para su otorgación, el juez o tribunal de garantías deberá "denegar la tutela". Por su parte, el Tribunal Constitucional, deberá aprobar o revocar la decisión del juez o tribunal a quo, terminología que en el marco de la aplicación de la Constitución vigente debe ser utilizada por todos los tribunales y jueces.
En consecuencia, la situación planteada se encuentra dentro de las previsiones del art. 125 de la CPE, por lo que el Tribunal de garantías, al declarar improcedente la acción tutelar, no efectuó una correcta compulsa de los antecedentes procesales ni dio correcta aplicación al citado precepto constitucional.
POR TANTO
El Tribunal Constitucional, en virtud de la jurisdicción y competencia que le confieren los arts. 4 y 6 de la Ley 003 de 13 de febrero de 2010, denominada Ley de Necesidad de Transición a los Nuevos Entes del Órgano Judicial y Ministerio Público; 7 inc. 8) y 93 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), en revisión, resuelve, REVOCAR la Resolución de 24 de junio de 2008, cursante de fs. 18 y vta., pronunciada por la Sala Penal Primera de la Corte Superior del Distrito Judicial de Cochabamba; y en consecuencia CONCEDE la tutela solicitada.
Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional.
Fdo. Dr. Juan Lanchipa Ponce
MAGISTRADO
Fdo. Dr. Abigael Burgoa Ordóñez
DECANO
Fdo. Dr. Ernesto Félix Mur
MAGISTRADO
Fdo. Dra. Ligia Mónica Velásquez Castaños
MAGISTRADA
Fdo. Dr. Marco Antonio Baldivieso Jinés
MAGISTRADO
I.1. Contenido del recurso
I.1.1. Hechos que motivan el recurso
I.1.2. Derecho supuestamente vulnerado
I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
I.2.1. Ratificación y ampliación del recurso
I.2.2. Informe de la autoridad recurrida