AUTO CONSTITUCIONAL 0290/2011-RCA

Es preciso recordar que este Tribunal, definiendo el acto administrativo y estableciendo los requisitos que debe cumplir para ser considerado como tal, a través de la SC 0686/2004-R de 6 de mayo de 2004, señaló: “La norma prevista por el art. 27 de la LPA, al conceptuar el acto administrativo, ha establecido que éste es: 'toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional, cumpliendo con los requisitos y formalidades establecidos en la presente Ley, que produce efectos jurídicos sobre el administrado. Es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo'”. Partiendo de la norma referida y analizando el contenido de la nota de cite: ASFI/DDC/R-24694 de 2 de marzo de 2011, donde “la autoridad de Supervisión del Sistema Financiero (ASFI), en virtud a la información remitida por el Banco, no ha determinado incumplimiento a procesos administrativos internos, salvando su derecho de acudir a la instancia correspondiente para hacer valer los derechos que le asisten” (sic); por lo que, se puede colegir que dicha autoridad ha emitido una decisión que tiene alcance particular y se constituye un acto administrativo.

Con el fin de ampliar dicho concepto, cabe señalar que para el tratadista Hugo Caldera: “…el acto administrativo constituye una exteriorización unilateral de competencia por parte de un órgano administrativo en ejercicio de potestades jurídicas administrativas destinadas a alcanzar fines públicos encomendados a este órgano”; opinión acorde con la vertida precedentemente y armonizable al ordenamiento jurídico boliviano.

En este contexto, el art. 27 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA), señala que: “…se considera acto administrativo a toda declaración, disposición o decisión de la Administración Pública, de alcance general o particular, emitida en ejercicio de la potestad administrativa, normada o discrecional…”. Asimismo, esta disposición en la última parte señala que el acto administrativo “…es obligatorio, exigible, ejecutable y se presume legítimo, características que coinciden plenamente con los principios de legalidad y presunción de legitimidad disciplinados por el inciso g) del art. 4 de de la señalada ley”.