SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1689/2011-R
Fecha: 21-Oct-2011
i)
La autoridad demandada, en audiencia informó: i) El proceso de Beneficios Sociales fue sorteado a su Juzgado el 29 de julio, subsanada la misma fue admitida y corrida en traslado a la parte demandada, quien al no haber sido encontrado en su domicilio señalado fue notificado por cédula y en vista de no haber respondido a la demanda fue declarado rebelde y contumaz a la ley designándole defensor de oficio; ii) Una vez que se fijan los puntos de hecho a probar y conforme a procedimiento, en la materia la carga de la prueba la tiene la parte demandada conforme refiere los arts. 66 y 150 de Código Procesal del Trabajo (CPT); iii) Así hubiese sido señalado el domicilio maliciosamente el art. 75 del CPT establece que, a fin de no entrabar el proceso se debe tener presente ese domicilio; iv) Dictada la Sentencia, el defensor de oficio interpuso recurso de apelación, donde la Sala Social y Administrativa dictó el Auto de Vista 262/2008 de 26 de noviembre, confirmando en todas sus partes la Sentencia 357/2008 de 14 de marzo; y, v) En mérito a todos los antecedentes y encontrándose el proceso en ejecución de sentencia conforme lo establece el art. 216 del CPT, se conminó a la parte demandada a que pague dentro de tercer día hábil de ser notificado, y notificadas que fueron, no interpusieron recurso alguno ni cancelado el monto adeudado, expidiéndose en mérito a ello mandamiento de apremio con facultades extraordinarias el 13 de enero de 2010.
- I.1.1. Hechos que la motivan
- a)
- 1)
- i)
- denegó
- I.3. Trámite procesal en el Tribunal Constitucional
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- se entiende que se produce, por una parte, en los casos en que un juez o tribunal judicial, a tiempo de substanciar un proceso penal, lesiona la garantía constitucional del debido proceso, el mismo que exige que los litigantes tengan el beneficio de un juicio imparcial ante los tribunales y que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar, es decir, implica el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo, lo que importa a su vez el derecho a la defensa, el emplazamiento personal, el derecho de ser asistido por un intérprete, el derecho a un juez imparcial; y por otra parte, se produce también por la infracción de las disposiciones legales procesales, es decir, los procedimientos y formalidades establecidas por Ley
- como consecuencia del procesamiento ilegal o indebido, se priva materialmente la libertad, pues en caso de no ser así, las deficiencias procesales que desconocen la garantía del debido proceso deben ser corregidas mediante los procedimientos ordinarios establecidos por Ley”.
- no abarca a todas las formas en que el mismo puede ser infringido, sino sólo a aquellos supuestos en los que está directamente vinculado al derecho a la libertad personal o de locomoción, por operar como causa para su restricción o supresión, quedando por tanto las demás bajo la tutela que brinda el art. 19 constitucional, que a diferencia del Hábeas Corpus, exige para su procedencia el agotamiento de otras vías o recursos idóneos para lograr la reparación inmediata del acto o la omisión ilegal”,
- a) la protección a las reglas del debido proceso a través del entonces denominado recurso de hábeas corpus, cuando estas están directamente vinculadas a la libertad
- es menester señalar además, que para el desarrollo de los presupuestos aplicables al procesamiento indebido como postulado de activación de la acción de libertad, deben considerarse las SSCC 0008/2010-R y 0080/2010-R, lineamientos que al versar sobre las reglas de subsidiaridad excepcional de la acción libertad, complementan los postulados para la activación de este mecanismo frente a procesamientos indebidos.
- previamente se deben agotar los mecanismos de protección específicos de defensa que sean idóneos, eficientes y oportunos para restituir el derecho a la libertad y a la persecución o procesamiento indebido, operando la acción de libertad solamente en caso de no haberse restituido los derechos afectados a pesar de haberse agotado estas vías específicas”
- III.2. El apremio corporal en materia laboral
- en ejecución de sentencia el litigante perdidoso debe ser notificado con la conminatoria previamente al cumplimiento de la obligación en el término que le fija, vencido el cual y al no hacer efectiva la misma se dispone su apremio
- con relación a los casos en los que se haya expedido mandamiento de apremio para el pago de beneficios sociales emergentes de un proceso laboral y el apremiado alegue ya no ser el representante legal de la empresa o persona jurídica obligada a dicho pago, o cuando se produce la sustitución del representante legal de una empresa o persona jurídica dentro de un proceso social, por cualesquier circunstancia, este Tribunal ha manifestado que la personería del nuevo representante debe ser aceptada por el juez de la causa.
- III.4. Análisis del caso de autos
- denegado
- APROBAR