I.1. El problema jurídico planteado
Los recurrentes, ahora accionantes, alegan la vulneración de sus derechos a la seguridad jurídica, a la petición, a la propiedad privada y de la garantía del debido proceso, por cuanto en ejecución de la sentencia dictada dentro del proceso ejecutivo seguido contra Blanca del Rosario Ortiz Gandarillas de Said, al resolver el recurso de apelación que formuló la ejecutada contra el Auto de 25 de abril de 2006, que adjudicó a favor de Erwin Ortiz Gandarillas el 20% del inmueble rematado del cual, los hoy accionantes, también son propietarios en lo proindiviso; emitieron el Auto de Vista 505/2006 de 31 de octubre en el que revocaron la Resolución impugnada, disponiendo el señalamiento de nueva audiencia para la adjudicación, interpretando de manera antojadiza, ilegal y arbitraria el art. 42 de la LAPCAF, arguyendo en forma extra y ultra petita, que el interesado debió formular la solicitud de adjudicación al martillero y no al Juez, pues ésta debió realizarse en la misma audiencia.