SENTENCIA CONSTITUCIONAL 1116/2011-R

Por memorial presentado el 29 de mayo de 2010, cursante de fs. 2 a 5, el accionante manifiesta que, mediante acusación de 3 de septiembre de 2009, subsanada el 19 del mismo mes y año, por el Ministerio Público contra su mandante y otros, por la presunta comisión de los delitos de estafa y otros, ésta fue radicada en el Tribunal Primero de Sentencia del Distrito Judicial de Oruro.

Refiere que de inicio, el Fiscal de Materia hizo conocer que el domicilio de su mandante a efectos de notificación se encontraba ubicado en calle Villalobos, entre Saavedra y Díaz Romero de la ciudad de La Paz, en el departamento 10-A, piso 10, del edificio “CRISTOMBO”, para luego señalar que, en base al informe del funcionario policial Elmer Maldonado, el domicilio del “Sr. Rivero” seria en La Paz, edificio “CRISTOMBO” según información adquirida -sin mencionar su fuente-, en el cual no “habría sido habido”, sin saber en base a qué disposición obedecería dicho informe, procediéndose con la citación a su representado por edictos; cuanto antes de este hecho, el Fiscal obtuvo mandamiento de aprehensión del Juzgado Tercero de Instrucción en lo Penal, instancia que conoció la etapa preparatoria; en base a la cual de forma sorpresiva se procedió con su aprehensión, siendo conducido ante el Tribunal Primero de Sentencia, donde se determinó la aplicación de la medida cautelar de detención preventiva en el penal de “San Pedro” por Auto 081/2009 de 3 de diciembre.

Indica que, realizados los actos preparatorios, el 17 de mayo de 2010, se instaló la audiencia de juicio oral; y al haberse planteado incidente de actividad procesal defectuosa, se dictó el Auto 45/2010 de 24 de mayo, anulando actuaciones hasta el estado de presentarse nueva acusación por el Fiscal; asimismo, se dejó constancia de que se declaraban vigentes e incólumes los actuados pertinentes a la libertad, que fueron resueltos con motivo de la cesación de la detención preventiva; luego, el 25 de mayo de “2005”, solicitó complementación, para que se manifiesten sobre la libertad de su representado, por lo que el Tribunal compuesto por Jueces Técnicos y ciudadanos emitió el Auto complementario 48/2010 de 26 de mayo, señalando: “…únicamente se ha dispuesto la nulidad de actuados hasta que se presente nueva acusación, es más los actuados relativos a la solicitud de libertad se han mantenido vigentes e incólumes y por otro lado se ha devuelto la competencia del Juez Contralor de Derechos y Garantías Constitucionales, donde las partes pueden hacer valer sus derechos…” (sic); empero, no se pronunciaron sobre su situación procesal, cuando debieron disponer su libertad irrestricta.