AUTO CONSTITUCIONAL 0156/2012-RCA

La Sala Civil Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución de 30 de julio de 2012, cursante de fs. 149 a 150, rechazó in limine la acción de amparo constitucional con los siguientes fundamentos: a) El art. 129 de la CPE, contempla el amparo constitucional y su procedencia contra todo acto, resolución u omisión indebida de autoridad o funcionario, siempre que no hubiere otro medio o recurso para la protección inmediata de los derecho y garantías; vale decir, que una de las características propias viene a ser su inmediatez, entendida como la necesidad de acudir a la instancia constitucional dentro de un término prudencial; b) El término para la presentación de la acción de amparo es de seis meses, computables desde que la parte afectada tuvo conocimiento del presunto acto ilegal o la omisión indebida que vendría a ser el origen de la vulneración de derechos y garantías; c) En el caso en estudio, se evidenció que la presente acción deviene de la vulneración a los derechos y garantías constitucionales de la accionante, ocasionados por el despido de su fuente laboral el 31 de enero de 2011, quien recurrió a la vía administrativa para hacer valer sus derechos de reincorporación a su fuente laboral, más el pago de todos sus beneficios sociales; emitiéndose la Resolución Administrativa (RA) de 8 de agosto de 2011, dictada por el Ministerio de Trabajo, ordenándose su reincorporación el 10 de noviembre de ese año, más no así el pago de sus beneficios sociales; d) De la revisión de la documentación se constató que, el 20 de octubre del mismo año, el Alcalde Municipal de El Torno, interpuso acción judicial de impugnación a la conminatoria de reincorporación laboral, contra la Jefatura Departamental de Trabajo que fue admitida y corrida en traslado mediante Auto de 19 de noviembre del citado año; y, e) Se verificó que la accionante no cumplió con el principio de subsidiariedad; toda vez que, no agotó la vía ordinaria de protección que la ley le otorga.