SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1972/2012
Fecha: 12-Oct-2012
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 10 de diciembre de 2005, conjuntamente con Esperanza Fernández Solano de Villarroel, suscribieron un contrato de anticresis de una tienda ubicada en la calle 6 de Octubre 5720 y 5726, entre calles Cochabamba y Ayacucho, destinada a la actividad comercial de “Fotocopias, empastados y transcripciones” (sic), contrato que comprendía además, el acceso a la puerta de calle, lo que les permitía asegurar la tienda por dentro del inmueble, para precautelar el valor de los equipos con los que contaban.
Refieren que de forma sorpresiva fueron notificados con un requerimiento fiscal emitido a instancias de la demandada, quien aduciendo ser propietaria del inmueble, pidió la desocupación inmediata de la tienda, siendo que con ella no mantienen relación contractual alguna, motivo por el cual, no aceptaron la solicitud de desocupación, ante esta situación y como mecanismo de presión ésta procedió al corte del suministro de energía eléctrica desde el 22 de diciembre de 2010, negando alternativamente el paso por la puerta de calle al haber cambiado de chapas y colocar candados a dicho acceso, vulnerando el derecho al trabajo al haber ejercitado vías de hecho, obstaculizando y limitando la actividad comercial instalada en la referida tienda.
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- a)
- I.2.5. Consideraciones de Sala
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. De la acción de amparo constitucional en relación a las vías o medidas de hecho
- III.2.
- la jurisprudencia constitucional ha establecido de manera uniforme que ante una actitud de hecho del propietario de un inmueble frente a su arrendatario, se otorga la tutela al agraviado
- La jurisprudencia transcrita precedentemente, ha sido desarrollada, específicamente para contratos de arrendamiento de locales comerciales, no obstante ello, es perfectamente aplicable también cuando median contratos de anticresis; y con mayor fuerza, dadas las características anotadas de esta modalidad de contratación, que por imperio legal, requiere de manera obligatoria la entrega de la posesión de la cosa y otorga a los anticresistas los derechos de retención y preferencia entre acreedores
- conforme a lo señalado, se tiene que el propietario de un bien inmueble no puede cometer acciones de hecho por mano propia contra su arrendatario o anticresista, más bien, debe remitirse al contenido del contrato suscrito entre ambos; o demandar la resolución del mismo ante las autoridades pertinentes, '…pero en ningún caso puede tomar acción por propia mano cerrando los ambientes que tenga arrendados o cortar los suministros de los servicios públicos, pues de hacerlo estaría lesionando derechos fundamentales como son los derechos al trabajo, a la dignidad, a la salud u otros, dado que dichos contratos no simplemente quedan circunscritos al campo civil, sino que definitivamente están estrechamente vinculados a cualesquiera de esos derechos porque pueden tener dos objetos sobre los inmuebles arrendados, realizar una actividad o ser utilizados como residencia '(SC 0418/2003-R de 2 de abril).
- no es compatible con la normativa legal vigente y menos con la doctrina y jurisprudencia constitucional, que los propietarios de bienes inmuebles dados en arrendamiento o anticresis ya sea para fines de vivienda o para el desarrollo de actividades comerciales o laborales, perturben la pacífica posesión o bien, acudiendo al ejercicio de vías de hecho, haciendo justicia por mano propia, con el objetivo de desalojar de manera extrajudicial a los ocupantes, fin para el cual, en todo caso deben acudir a las instancias legales pertinentes a efectos de lograr la desocupación de los ambientes, previo cumplimiento de requisitos normativos
- El derecho de acceso al agua, alcantarillado y electricidad es uno de los derechos humanos inherentes a toda persona por el solo hecho de existir, reconocido por el art. 20. I y III de la CPE; por tanto, de rango constitucional, al estar previsto en el catálogo de derechos fundamentales; y que establece que toda persona tiene acceso universal y equitativo a los servicios básicos de
- La energía eléctrica y el suministro de agua potable, al ser servicios esenciales, sólo pueden ser suspendidos por los proveedores en los casos previstos por Ley
- Fragmento 19
- III.4. Análisis del caso concreto
- conceder
- CONFIRMAR