AUTO CONSTITUCIONAL 0111/2012-RCA-SL

El art. 128 de la CPE, establece que: “La Acción de Amparo Constitucional tendrá lugar contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, o de persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir los derechos reconocidos por la Constitución y la ley”; por su parte, el art. 129.I de la misma Constitución, prevé que esta acción “…se interpondrá por la persona que se crea afectada, por otra a su nombre con poder suficiente o por la autoridad correspondiente de acuerdo a la Constitución, ante cualquier juez o tribunal competente, siempre que no exista otro medio o recurso legal para la protección inmediata de los derechos y garantías restringidos, suprimidos y amenazados”.

Por su parte, el art. 129.II de la CPE, prevé que esta acción tutelar podrá interponerse en el plazo máximo de seis meses, computables a partir de la comisión de la vulneración alegada o de notificada la última decisión administrativa o judicial, correspondiendo, éste requisito legal, al principio de inmediatez propio de la naturaleza de la acción de amparo constitucional, por la que se busca una tutela en forma pronta, oportuna e inmediata, habiendo previamente, agotado los recursos o medio legales que la ley franquea.