SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2185/2012

El Juez Séptimo de Instrucción en lo Penal del departamento de Santa Cruz, constituido en Juez de garantías, pronunció la Resolución 01/2012 de 15 de septiembre, cursante de fs. 62 vta. a 65, denegando la tutela solicitada, fundando su Resolución en los siguientes puntos: a) A raíz de varias denuncias de robo de motos y dinero, funcionarios policiales, el 5 de septiembre de 2012, se constituyeron en Saiquile, distante a 15 km de Comarapa, donde en forma flagrante encontraron al imputado, en proceso de desmantelamiento de motocicletas, estableciéndose en consecuencia que hubo secuencia entre el descubrimiento del ilícito, la persecución y la aprehensión del imputado, conforme al art. 230 de CPP, y que evidentemente fue remitido al Ministerio Público y puesto a conocimiento de la Jueza ahora demandada de la misma ciudad, en razón a la inexistencia de representante de la fiscalía en Comarapa; b) No es evidente que el imputado, a tiempo de prestar su declaración informativa haya sido asistido por un abogado de oficio, por cuanto por las copias aparejadas por la accionante, se constata que la referida declaración fue tomada en presencia del abogado particular del foro cruceño, Félix Balderas con registro 7034 del Colegio de Abogados. En cuanto a su edad, se llegó a establecer que AA cuenta con más de diecisiete años de edad, por lo tanto es responsable penalmente; c) Se cumplió con el art. 227 del CPP, por cuanto una vez que el imputado fue aprehendido por funcionarios policiales, fue remitido ante la autoridad fiscal y posteriormente en tiempo hábil y oportuno fue puesto a disposición de la Jueza ahora demandada, a efectos de que defina su situación jurídica, tal como se constata por el cargo de recepción de 7 de septiembre de 2012 y por el acta de audiencia de aplicación de medidas cautelares llevada a cabo a horas 17:30 de ese día; y, d) La señalada Jueza demandada en observancia del principio del Juez natural establecido en la SC “1378/2010-R” y art. 120.I de la CPE, determinó la declinatoria de competencia al Juez Mixto de Comarapa, por lo que no existió vulneración al debido proceso, seguridad jurídica y verdad material. Tampoco la ahora accionante observó el principio de subsidiariedad a momento de interponer la presente acción.