SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2616/2012
Tribunal Constitucional Plurinacional de Bolivia

SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 2616/2012

Fecha: 21-Dic-2012

DENEGÓ,

Mediante Resolución 005/2011 de 20 de julio cursante de fs. 98 a 102 vta., la Jueza Primera de Sentencia Penal del Distrito Judicial -ahora departamento- de Oruro, constituida en Jueza de garantías, DENEGÓ, la tutela solicitada bajo los siguientes fundamentos: 1) En el memorial de demanda no existe un fundamento claro y coherente que tienda a orientar en cuál de los elementos contenidos en el art. 125 de la CPE, han incurrido las autoridades demandadas a objeto de otorgar la restitución a la libertad; 2) El Ministerio Público presentó imputación en contra de AA, quien se encuentra privado de su libertad en cumplimiento a la disposición emanada por Resolución 342/2011 de 20 de mayo y 462/2011 de 27 de junio, pronunciada por el Juez Segundo de Instrucción en lo Penal cautelar, así el Auto de Vista emitida por la Sala Penal Primera de 11 de julio de 2011, resuelve declarando improcedente; 3) Por la prueba presentada no se evidencia lo indebido o ilegal detención a la libertad puesto que se encuentra sustentada por resoluciones que han sido emitidas en forma fundamentada, explicando las razones por las cuales se mantiene la detención preventiva; y, 4) A cerca de la minoría de edad, se establece la garantía y protección en el art. 233 del CNNA, argumento que ha sido sustentado en ésta audiencia, ya que debería haberse planteado al Juez cautelar y contralor de las garantías jurisdiccionales, cuando una persona mayor de 16 y menor de 18 años sea imputado de la comisión de un delito, en la investigación y juzgamiento se procederá con arreglo a las normas ordinarias conforme preceptúa los arts. 389 CPP y 225 del CNNA, “los menores procesados o que han cometido una transgresión social,  estos no deben guardar una detención  mayor a los 45 días”, (sic) sin embargo la misma norma dispone que los menores entre los 16 y 18 años, quedan sometidos a las normas ordinarias establecidas en el procedimiento penal.