AUTO CONSTITUCIONAL 0072/2012-CA

Dentro del proceso administrativo sancionador seguido por el Director Ejecutivo a.i. de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Empresas contra “UNITED FURNITURE INDUSTRIES BOLIVIA”, el incidentista por la empresa sancionada, mediante memorial de 1 de abril de 2011 (fs. 131 a 137), solicitó se promueva acción de inconstitucionalidad concreta demandando la inconstitucionalidad del art. 59 de la LPA, y de los arts. 23, 40, 47 y 69 de su Reglamento, por considerar que infringen los preceptos constitucionales contenidos en los arts. 14.III y IV; 109; 115; 116 y 117.I de la Constitución Política del Estado (CPE).

Considera que la imposibilidad de suspender la ejecución de la resolución impugnada dentro de los procesos administrativos, y exigir la ejecución directa de la sanción impuesta, obligando al pago de la sanción pecuniaria dispuesta en la resolución recurrida como requisito sine qua non para la admisión del recurso, vulnera el derecho de acceso a la justicia, consistente en que toda persona debe ser protegida por los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, sin ninguna restricción ni condicionamiento.

Concluye manifestando que, las normas impugnadas vulneran en toda su extensión la presunción de inocencia proclamada por el art. 116 de la CPE, pues se obliga al cumplimento anticipado de una sanción establecida en un acto administrativo que no se encuentra ejecutoriado, por lo tanto, susceptible de ser impugnado y en consecuencia modificado, soslayando el principio constitucional y legal de la doble instancia en los juicios y procesos.