SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0220/2012
Fecha: 24-May-2012
denegó
Concluida la audiencia, la Sala Social Administrativa y Tributaria de la Corte Superior -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Chuquisaca, constituida en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución 053/2010 de 17 de febrero, cursante de fs. 122 a 123 vta., misma que denegó la tutela solicitada, disponiendo la condenación de costas y multa a los accionantes, conforme al siguiente fundamento: i) El tribunal de garantías no puede revisar fallos dictados por las autoridades jurisdiccionales a no ser que con la decisión adoptada se vulneren derechos y garantías constitucionales lo que no ha ocurrido objetivamente; ii) Los accionantes no han demostrado con prueba objetiva que la duración del proceso por más de doce años se deba a la negligencia de algún juez o magistrado, y que se tardo más de seis años para resolver la extinción de la acción penal debido al proceso penal inquisitivo con rasgos acusatorios del antiguo sistema penal; iii) El Tribunal de garantías no pertenece a la jurisdicción ordinaria y además no es la instancia que juzgó a los accionantes, por lo que también debe denegarse la tutela; y, iv) Los accionantes no han demostrado la vulneración de derechos y garantías, más aún cuando los mismos han señalado los motivos de dilación de los co-procesados.
- ,
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- a)
- denegó
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.2.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional
- III.2. El Tribunal de casación no tiene facultad para tramitar una petición de extinción de la acción
- En cuanto a la forma de resolver una petición de extinción de la acción penal, la SC 0551/2010-R de 12 de julio, puntualiza: “…la aplicación de dichos preceptos legales por las autoridades jurisdiccionales, requiere en cada caso concreto de una valoración integral de varios factores que hacen a la defensa del debido proceso con relación al procesado, pero también al resguardo de las garantías jurisdiccionales que asisten a las otras partes procesales, ya sea Ministerio Público o el acusador particular (víctima), determinando y posibilitando de esa manera que la potestad de impartir justicia efectivice los principios ordenadores del sistema de administración de justicia.
- …la SC 0430/2010-R, de 28 de junio, sobre la oportunidad de resolver este incidente, subraya: '…las referidas cuestiones, deben ser resueltas con anterioridad a resolverse la causa principal por la naturaleza de las mismas, pues su objetivo es que se declare extinguida la acción penal, de manera que sería contrario al principio de economía procesal y a las normas del debido proceso, resolverlas con la causa principal, si al final se llegará a la conclusión de que la acción debe declararse extinguida, pues esta situación ya existía al momento de plantear la acción y no se opera al momento de resolverse la causa en el fondo. Entendimiento reiterado en la SC 0018/2006-R de 9 de enero.'
- En ese contexto, el tribunal de casación no tiene facultad para tramitar una petición de extinción de la acción, que en su trámite implicaría la sustanciación de una excepción que en estricta observancia del art. 50 del CPP, la Corte Suprema de Justicia, no tiene competencia para hacerlo, dado que el citado precepto la limita a las tres situaciones específicas: 1) Los recursos de Casación; 2) Los recursos de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada, y, 3) Las solicitudes de extradición. Al margen de esta restricción legal insalvable, se agrega una imposibilidad fáctica, por cuanto el trámite de las excepciones incluye la eventualidad de su impugnación conforme previene el art. 403 inc. 2) del código citado, consagrado además en el art. 180.II de la CPE, debido a que si la petición de extinción de la acción sería conocida y resuelta por el tribunal de casación, las partes que intervienen en el proceso no tendrían un medio de impugnación contra dicho pronunciamiento que admita o rechace dicha solicitud, convirtiéndola en una decisión indebidamente inapelable, pero además dictada por un órgano incompetente, por más que se tratase del máximo Tribunal de Justicia, situación que por supuesto bajo ningún concepto puede concebirse en un Estado de Derecho instituido por la misma Constitución Política del Estado, en base también al principio de igualdad de las partes del proceso. De ello se infiere que si bien la excepción de extinción de la acción penal puede oponerse en cualquier etapa del proceso, ello no implica que se deba presentar ante la autoridad donde se encuentre la causa”
- III.3. Análisis del caso concreto
- APROBAR