SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0220/2012
Fecha: 24-May-2012
I.1.1. Hechos que motivan la acción
El 19 de octubre de 1996, se procedió a su aprehensión siendo puestos a disposición de la autoridad judicial correspondiente; el Juzgado Segundo de Partido de Sustancias Controladas dictó el correspondiente Auto de Apertura del proceso el 17 de diciembre del mismo año, la misma que fue confirmada mediante Auto de Vista de 08 de marzo de 1997.
El 18 de agosto de 2006, plantearon ante la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incidente de extinción de la acción penal por duración máxima del proceso de acuerdo a la Disposición Transitoria Tercera del Código de Procedimiento Penal (CPP), indicando que se demostró de manera clara y objetiva que la retardación de justicia fue atribuible a los miembros del Juzgado Segundo de Partido de Sustancias Controladas, Vocales de las Salas Penales de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Santa Cruz de la Sierra, Ministros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación -ahora Tribunal Supremo de Justicia- en su Sala Penal Primera y especialmente al Ministerio Público quien como acusador particular y debía imprimir la celeridad correspondiente, ya que recién mediante Auto Supremo 429 de 12 de agosto de 2009 declararon no haber lugar a la extinción solicitada, señalando que la Sala Penal Primera de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, al dictar dicho Auto no ha realizado una valoración objetiva y exhaustiva del cuaderno procesal; es decir, desde el día del operativo de 19 de octubre de 1996, transcurrieron doce años y diez meses para que se dicte el Auto Supremo, mencionan también que no se valoraron las pruebas como tampoco se realizó el cómputo de plazos previstos por ley.
- ,
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- a)
- denegó
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.2.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional
- III.2. El Tribunal de casación no tiene facultad para tramitar una petición de extinción de la acción
- En cuanto a la forma de resolver una petición de extinción de la acción penal, la SC 0551/2010-R de 12 de julio, puntualiza: “…la aplicación de dichos preceptos legales por las autoridades jurisdiccionales, requiere en cada caso concreto de una valoración integral de varios factores que hacen a la defensa del debido proceso con relación al procesado, pero también al resguardo de las garantías jurisdiccionales que asisten a las otras partes procesales, ya sea Ministerio Público o el acusador particular (víctima), determinando y posibilitando de esa manera que la potestad de impartir justicia efectivice los principios ordenadores del sistema de administración de justicia.
- …la SC 0430/2010-R, de 28 de junio, sobre la oportunidad de resolver este incidente, subraya: '…las referidas cuestiones, deben ser resueltas con anterioridad a resolverse la causa principal por la naturaleza de las mismas, pues su objetivo es que se declare extinguida la acción penal, de manera que sería contrario al principio de economía procesal y a las normas del debido proceso, resolverlas con la causa principal, si al final se llegará a la conclusión de que la acción debe declararse extinguida, pues esta situación ya existía al momento de plantear la acción y no se opera al momento de resolverse la causa en el fondo. Entendimiento reiterado en la SC 0018/2006-R de 9 de enero.'
- En ese contexto, el tribunal de casación no tiene facultad para tramitar una petición de extinción de la acción, que en su trámite implicaría la sustanciación de una excepción que en estricta observancia del art. 50 del CPP, la Corte Suprema de Justicia, no tiene competencia para hacerlo, dado que el citado precepto la limita a las tres situaciones específicas: 1) Los recursos de Casación; 2) Los recursos de revisión de sentencia condenatoria ejecutoriada, y, 3) Las solicitudes de extradición. Al margen de esta restricción legal insalvable, se agrega una imposibilidad fáctica, por cuanto el trámite de las excepciones incluye la eventualidad de su impugnación conforme previene el art. 403 inc. 2) del código citado, consagrado además en el art. 180.II de la CPE, debido a que si la petición de extinción de la acción sería conocida y resuelta por el tribunal de casación, las partes que intervienen en el proceso no tendrían un medio de impugnación contra dicho pronunciamiento que admita o rechace dicha solicitud, convirtiéndola en una decisión indebidamente inapelable, pero además dictada por un órgano incompetente, por más que se tratase del máximo Tribunal de Justicia, situación que por supuesto bajo ningún concepto puede concebirse en un Estado de Derecho instituido por la misma Constitución Política del Estado, en base también al principio de igualdad de las partes del proceso. De ello se infiere que si bien la excepción de extinción de la acción penal puede oponerse en cualquier etapa del proceso, ello no implica que se deba presentar ante la autoridad donde se encuentre la causa”
- III.3. Análisis del caso concreto
- APROBAR