SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0298/2012

           El razonamiento expuesto precedentemente, es de aplicación al caso presente, en el que el accionante no presentó prueba alguna que acredite los actos ilegales denunciados y que serían lesivos a los derechos invocados, por cuanto alega que se encuentra privado de libertad injustamente al haber sido detenido por la supuesta comisión del delito de violación, hecho en el cual no habría tenido participación, por lo que solicitó de manera reiterada y por más de seis meses, la cesación a la detención preventiva, sin que hasta la fecha de presentación de la acción de defensa, se hubiera efectuado ninguna audiencia, por cuanto éstas supuestamente fueron suspendidas de manera sistemática por la autoridad ahora demandada, alegando recargada labor jurisdiccional.

           Del legajo procesal arrimado al expediente, se evidencia que no cursa prueba alguna que acredite dichos extremos, como los memoriales de solicitud a la cesación a la detención preventiva y los actuados procesales a través de los cuales la autoridad demandada habría suspendido las audiencias y lesionado con ello los derechos invocados por el accionante; aspecto que impide ingresar al análisis de fondo de la problemática planteada, por cuanto si bien es cierto que la acción de libertad por su naturaleza está exenta del cumplimiento de ciertos requisitos formales; empero, resultaría un exceso de la jurisdicción constitucional, emitir criterio sobre lesión de los derechos, cuando no se han compulsado los hechos denunciados con los elementos probatorios mínimos que generen convicción y respalden la decisión asumida por este Tribunal; no pudiendo justificarse la ausencia de elementos de convicción, como lo hizo el Tribunal de garantías, “presumiendo la buena fe de la parte”, y con dicho argumento totalmente subjetivo, conceder la tutela solicitada, cuando no se cuenta con la prueba necesaria que acredite de manera objetiva e imparcial la veracidad de los hechos denunciados, pues, como se señaló, al no tener la certeza de la veracidad de las denuncias formuladas y por ende la responsabilidad de la persona o autoridad que incurrió en el acto que infringió los derechos, constituiría un exceso de la jurisdicción constitucional fallar, máxime si como se precisó, el principio de informalismo de esta acción no abarca a la no presentación de prueba necesaria y suficiente que demuestre los actos ilegales de la parte demandada; aspecto que impide a este Tribunal ingresar al análisis de la problemática planteada, por cuanto no se cuentan con elementos de convicción que respalden lo aseverado por el actor, correspondiendo por ello denegar la tutela solicitada.