SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0324/2012
Fecha: 18-Jun-2012
II.4.
II.4. Asimismo, por Auto de Vista 140, se verificó que Jacinto Morón Sánchez, Teresa Vera Cañellas de Gil y Teresa Lourdes Ardaya Pérez, Vocales de la Sala Penal Primera, declararon admisible e improcedente la apelación incidental interpuesta por la parte querellante, bajo el fundamento de que, el Juez Quinto de Sentencia en lo Penal al declarar probada la excepción de prejudicialidad procedió en forma correcta apreciando adecuadamente los arts. 308 inc. 1) y 309 del CPP, toda vez que, existe un proceso laboral social en trámite, seguido por Lorena Lily Taboada Sánchez contra la empresa “INTER SCIENCE” Ltda., evidenciándose identidad de sujetos entre los procesos laboral y penal, ya que es necesario que la imputada sea parte del procedimiento extrapenal para establecer de su resultado la determinación de los elementos constitutivos del tipo penal de los delitos imputados, por otra parte se considera que la demanda social se inició con anterioridad al proceso penal, lo cual le otorga validez para excepcionar la prejudicialidad (fs. 8 a 10).
- acción de amparo constitucional,
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- “denegó”
- Fragmento 6
- II.2.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.Naturaleza jurídica del amparo constitucional
- instituye el amparo constitucional como acción tutelar de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidos de los servidores públicos, persona individual o colectiva, que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos reconocidos por ella y la ley, naturaleza que legitima el ejercicio de la tutela de derechos fundamentales y garantías jurisdiccionales, identificados con las libertades o garantías individuales, siendo el amparo constitucional el medio idóneo para su resguardo o salvaguarda, cuando los mismos sean restringidos, suprimidos o amenazados por actos ilegales u omisiones indebidas, tanto de autoridades y servidores públicos, como de personas individuales o colectivas;
- III.2.Interpretación de la legalidad ordinaria, facultad privativa de la jurisdicción ordinaria
- la interpretación de la legalidad ordinaria corresponde a las autoridades judiciales o administrativas, debiendo toda supuesta inobservancia o errónea aplicación de la misma, ser corregida a través de la jurisdicción ordinaria; atañe únicamente a la vía constitucional '«… los casos en que se impugne tal labor como arbitraria, insuficientemente motivada o con error evidente, el estudio, dentro de las acciones de tutela
- mecanismo de protección de los derechos fundamentales, lo consagra como un principio, un derecho y una garantía, es decir, la naturaleza del debido proceso es reconocida por la Constitución en su triple dimensión: como derecho fundamental de los justiciables, de quien accede reclamando justicia, la víctima y de quien se defiende el imputado. A la vez es un principio procesal, que involucra la igualdad de las partes
- debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, obteniendo las partes certeza de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió”
- III.5. Sobre la seguridad jurídica
- del acceso a la justicia; por lo mismo, tiene como contenido esencial el libre acceso al proceso, el derecho de defensa, el derecho al pronunciamiento judicial sobre el fondo de la pretensión planteada en la demanda, el derecho a la ejecución de las sentencias y resoluciones ejecutoriadas, el derecho de acceso a los recursos previstos por ley. Finalmente, este derecho está íntimamente relacionado con el derecho al debido proceso y la igualdad procesal'”
- III.6. Análisis del caso concreto
- denegado
- APROBAR