AUTO CONSTITUCIONAL 0726/2012-CA

Por memorial presentado el 8 de agosto de 2012, cursante de fs. 71 a 77 vta., el accionante manifiesta que el 30 de mayo, la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego (AJ), le notificó con el Auto de Apertura de Procedimiento Administrativo Sancionatorio 09-000034-12 de 31 de mayo de 2012, por la supuesta comisión de la infracción administrativa consistente en la instalación de treinta y seis maquinas o medios de juego, no autorizados en los salones de juego de azar y sorteo de su propiedad.

Señala que, el 31 de julio de 2012, el Director Ejecutivo de la AJ de Cochabamba, en el curso del proceso Administrativo referido, lo notificó con la Resolución Sancionatoria 10-00026-12 de 25 de julio de 2012, con el comiso definitivo de 36 maquinas tragamonedas, presuntamente instaladas sin autorización expresa de la AJ y la imposición de la multa de 180.000 UFV (ciento ochenta mil 00/100 unidades de fomento a la vivienda), disponiendo que el accionante en un plazo improrrogable de tres días hábiles realice el pago de la citada multa en la cuenta de la AJ 10000006212736 del Banco de la Unión S.A.

Alega que, esta disposición vulnera el principio de no confiscatoriedad que protege el derecho a la propiedad, garantía fundamental en un Estado democrático, así como el principio de no bis in idem, ya que la AJ le sanciona con la multa y con el decomiso de las maquinas tragamonedas, por lo que se evidencia la consecución de dos actos administrativos, al tratarse de dos sanciones por el mismo hecho causándole indefensión absoluta por vulnerar sus derechos, sin darle la oportunidad de exponer argumento pertinente en contra de dicha actuación, violando el derecho a la defensa, al debido proceso, presunción de inocencia; la Resolución Regulatoria, condiciona el pago previo de la multa a la interposición de los recursos que la ley contempla, lo que vulnera el derecho a la defensa.