SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0791/2012
Fecha: 20-Ago-2012
a)
La autoridad demandada, Ninfa García Revollo, Jueza Quinta de Instrucción en lo Penal y Liquidadora del departamento de Cochabamba, en audiencia manifestó lo siguiente: a) La ahora representada no es parte del proceso penal y el Juzgado a su cargo no posee los antecedentes del proceso penal seguido por Ruth Sejas “de Torrico” contra Rodolfo Martínez Montoya, el gravamen que recayó sobre el inmueble de la accionante fue establecido para resarcir daños y no se puede argüir vulneración de garantías o derechos constitucionales; y, b) En su condición de Jueza, no puede declarar la extinción del proceso penal si no tiene conocimiento de los antecedentes que le informen sobre el tipo de delito, si el proceso cuenta con sentencia firme, en caso de proceder a la cancelación del gravamen sin la constatación previa de los actuados del proceso incurriría en la vulneración de los derechos de las partes, por lo que pide se deniegue la tutela invocada.
- acción de amparo constitucional,
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- a)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.
- Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario
- : a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”
- III.2.2. Sobre el derecho al debido proceso
- …el debido proceso, consagrado en el texto constitucional en una triple dimensión, en los arts. 115.II y 117.I como garantía, en el art. 137 como derecho fundamental y en el art. 180 como principio procesal; y, en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), como derecho humano
- En mérito a lo anteriormente desarrollado, y tomando en cuenta el nuevo entendimiento asumido por el Tribunal Constitucional mediante su jurisprudencia, es necesario concluir recalcando que este derecho fundamental no se satisface solamente con el cumplimiento mecánico de las reglas formales, sino que tiene una naturaleza protectora de fondo, es decir, que si bien es importante el tratar de que se logre el objetivo de llevar adelante un proceso sea este administrativo o judicial- sin errores formales, es aun más importante, si cabe el término, el velar por un orden justo, o mejor dicho en otras palabras, velar por la justicia material.
- III.2.3. En cuanto a la seguridad jurídica
- 'la seguridad jurídica como principio emergente y dentro de un Estado de Derecho, implica la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación Estado-ciudadano (a) debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental, es decir, que sea previsible para la sociedad la actuación estatal; este entendimiento está acorde con el nuevo texto constitucional, que en su art. 178 dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, probidad y celeridad
- III.3. Análisis del caso concreto
- denegado
- APROBAR