SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0791/2012
Fecha: 20-Ago-2012
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Su representada a pesar de haber presentado memoriales de 15 de febrero y 1 de marzo de 2012, respectivamente, ante la Jueza Quinta de Instrucción en lo Penal y Liquidadora del departamento de Cochabamba, no obtuvo respuesta alguna, dejando en un estado de indefensión e incertidumbre su situación jurídica.
Añade que, el 17 de octubre de 2011, presentó solicitud de orden judicial de desgravamen de su propiedad y a pesar de cumplir con todos los documentos requeridos que certifican la inexistencia de antecedentes penales como la de Derechos Reales (DD.RR.) de El Alto que acreditan que el último actuado fue la inscripción del gravamen de su propiedad como fianza el 13 de febrero de 1990, ordenada por el entonces Juez Primero de Instrucción en lo Penal dentro del proceso penal por estafa iniciada por Ruth Sejas Torrico contra Rodolfo Martínez Montoya (pasaron 22 años); la Jueza ahora demandada “en un viraje inexplicable” el 19 de enero de 2012, emitió la providencia de imposible cumplimiento. Siendo así, que a fin de no vulnerar los derechos de las sujetos procesales aunque ya no existe “ni proceso ni partes” y al no ser parte su persona del mismo presentó los memoriales correspondientes de acuerdo a la Disposición Tercera Transitoria del Código de Procedimiento Penal, para que declare extinguida la misma, toda vez que viene afectando sus derechos fundamentales expresados en la Constitución Política del Estado.
- acción de amparo constitucional,
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- a)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- toda persona tiene derecho a la petición de manera individual o colectiva, sea oral o escrita, y a la obtención de respuesta formal y pronta.
- Para el ejercicio de este derecho no se exigirá más requisito que la identificación del peticionario
- : a) La existencia de una petición oral o escrita; b) La falta de respuesta material y en tiempo razonable a la solicitud y c) La inexistencia de medios de impugnación expresos con el objetivo de hacer efectivo el derecho de petición”
- III.2.2. Sobre el derecho al debido proceso
- …el debido proceso, consagrado en el texto constitucional en una triple dimensión, en los arts. 115.II y 117.I como garantía, en el art. 137 como derecho fundamental y en el art. 180 como principio procesal; y, en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), como derecho humano
- En mérito a lo anteriormente desarrollado, y tomando en cuenta el nuevo entendimiento asumido por el Tribunal Constitucional mediante su jurisprudencia, es necesario concluir recalcando que este derecho fundamental no se satisface solamente con el cumplimiento mecánico de las reglas formales, sino que tiene una naturaleza protectora de fondo, es decir, que si bien es importante el tratar de que se logre el objetivo de llevar adelante un proceso sea este administrativo o judicial- sin errores formales, es aun más importante, si cabe el término, el velar por un orden justo, o mejor dicho en otras palabras, velar por la justicia material.
- III.2.3. En cuanto a la seguridad jurídica
- 'la seguridad jurídica como principio emergente y dentro de un Estado de Derecho, implica la protección constitucional de la actuación arbitraria estatal; por lo tanto, la relación Estado-ciudadano (a) debe sujetarse a reglas claras, precisas y determinadas, en especial a las leyes, que deben desarrollar los mandatos de la Constitución Política del Estado, buscando en su contenido la materialización de los derechos y garantías fundamentales previstos en la Ley Fundamental, es decir, que sea previsible para la sociedad la actuación estatal; este entendimiento está acorde con el nuevo texto constitucional, que en su art. 178 dispone que la potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta, entre otros, en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, probidad y celeridad
- III.3. Análisis del caso concreto
- denegado
- APROBAR