SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0911/2012
Fecha: 22-Ago-2012
1)
Rafael Alcón Aliaga, Juez Cuarto de Instrucción en lo Penal de El Alto del departamento de La Paz, presentó informe escrito cursante de fs. 9 a 10 y vta., señalando que: 1) Dentro del proceso penal seguido por el Ministerio Público a denuncia de Víctor Tancara Condori y Antonio Suri Ajno contra los ahora representados por la presunta comisión de los delitos de falsedad material, falsedad ideológica y uso de instrumento falsificado, que radicó provisionalmente el 2 de marzo de 2012, en su despacho como emergencia de una recusación interpuesta por la imputada Julieta Fernández Churata contra la su similar Tercera, recusación a la que no se allanó la mencionada autoridad jurisdiccional; 2) Conforme a los datos del proceso y habiéndose imputado a los hoy representados, mediante providencia de 16 de dicho mes y año, se señaló audiencia pública para el 5 de abril del mismo año a horas 15:00; 3) De acuerdo al informe del Secretario de su juzgado en audiencia se informó que las partes fueron legalmente notificadas para considerar las medidas cautelares de carácter personal; sin embargo, los imputados pese a su legal notificación no se presentaron, por lo que a petición expresa de los querellantes a través de su abogado en aplicación de los arts. 87 inc. 1) y ss. del Código Procedimiento Penal (CPP) se dispuso la declaratoria de rebeldía de los procesados; y, 4) Los ahora representados después de presentar su demanda de acción de libertad, el 9 del citado mes y año a horas 18:05, presentaron memorial ante el Juzgado referido “purgando rebeldía a nombre de Rogelio Fernández, Julieta Fernández Churata y Félix Fernández” (sic), solicitando se levanten las medidas ordenadas en la declaratoria de rebeldía, procediendo además a amenazar al suscrito Juez con procesos penales y disciplinarios, violentando de esta manera los principios de independencia e imparcialidad. Ante esta petición y conforme lo establece las normas adjetivas penales, mediante decreto de 10 de igual mes y año, se suspendió la emisión de los mandamientos de aprehensión y arraigo contra los nombrados procesados.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. De la finalidad y los alcances de la acción de libertad
- No obstante, la naturaleza de esta acción tutelar, al constituirse en un mecanismo de protección contra las lesiones al derecho a la libertad, y medio eficaz e inmediato reparador de ese derecho; empero la existencia de esta garantía constitucional, no implica que todas las lesiones al derecho a la libertad tengan que ser necesariamente reparadas de manera exclusiva y excluyente a través del hábeas corpus, actualmente acción de libertad; pues no se trata de una garantía que tenga la vocación de reparar, en exclusiva, todas las formas de lesión a la libertad que pudieran invocarse, sino la de dotar a la persona de un medio de defensa sencillo, eficaz y oportuno, para restablecer la lesión sufrida
- Con el propósito de determinar si la autoridad judicial demandada puso en riesgo indebido la libertad física y de locomoción del representado de la accionante al declarar su rebeldía y ordenar se libre mandamiento de aprehensión y otras medidas coercitivas, extremo que se encuentra vinculado con una presunta persecución indebida en la que habría incurrido el juez demandado al emitir el mandamiento de aprehensión; es preciso realizar las siguientes consideraciones:
- III.1.1. La finalidad del juicio oral y la declaratoria de rebeldía
- la declaratoria de rebeldía tiene como consecuencia la expedición del mandamiento de aprehensión, el arraigo y la publicación de los datos y señales personales del imputado en los medios de comunicación, para su búsqueda y aprehensión, esto con la finalidad de lograr que el declarado rebelde acuda a la citación o llamamiento judicial y la investigación o el proceso penal continúen. Asimismo, la autoridad judicial puede determinar las medidas cautelares que considere convenientes sobre los bienes del imputado para asegurar la eventual responsabilidad civil emergente del hecho imputado; la ejecución de la fianza que haya sido prestada, entre otras medidas (art. 89 del CPP).
- III.1.2. Sobre la comparecencia del declarado rebelde
- la declaratoria de rebeldía y la expedición del mandamiento de aprehensión, cuando se basa en el art. 87 inc. 1) del CPP, tienen como objetivo inmediato lograr la comparecencia del imputado a fin de que la investigación o el proceso penal continúen con su tramitación. Sobre cuya finalidad el Tribunal Constitucional a través de la SC 0228/2004-R de 16 de febrero, agregó que: 'Esta atribución legal del juez [emitir el mandamiento de aprehensión por declaratoria de rebeldía], de acuerdo a la SC 0924/2002-R, 'no simplemente se constituye por un tiempo determinado en una limitación al derecho a la locomoción, sino que además tiene otro propósito y es evitar la manifiesta mala fe procesal de la parte procesada, que a veces con la intencionalidad de retrasar el proceso, no acude al llamado de la autoridad judicial provocando que ésta y la parte civil estén reatados al proceso indefinidamente, lo cual no sólo se traduce en un perjuicio innecesario sino también en una evidente vulneración del principio de celeridad, el cual no sólo debe ser observado por la autoridad judicial, sino también por las partes, quienes tienen el deber de adecuar sus actos conforme a las normas procesales que sean aplicables al proceso en el que están interviniendo'”.
- A esta facultad compulsiva -y bajo una interpretación protectiva de los derechos y garantías constitucionales- debe agregarse que nace un mandato para el juez, cuidar que la misma sea dejada sin efecto una vez haya cumplido su finalidad; es decir, cuando el procesado haya comparecido y justificado su inconcurrencia, debiendo atender todas las solicitudes sobre su comparecencia y justificativos a la brevedad posible a efectos de no restringir o prolongar indebidamente una medida sobre la que no existe necesidad de mantenerla, sobre todo por las consecuencias restrictivas que tiene respecto al derecho a la libertad y sobre los efectos que implica la declaratoria de rebeldía. Asimismo, para la revocatoria de la medida, a la autoridad judicial sólo le es permisible exigir las condiciones establecidas por la norma, no pudiendo pedirse condiciones ajenas que no estén orientadas a su finalidad; por ende, el mandamiento de aprehensión, en caso de comparecencia deberá ser dejado sin efecto a la brevedad posible, pues sólo las medidas cautelares de carácter real pueden ser mantenidas siempre y cuando el imputado o procesado no justificare que su inconcurrencia obedeció a un grave y legítimo impedimento, caso contrario no habrá lugar a la ejecución de la fianza”
- III.3. Análisis del caso concreto
- Fragmento 19
- APROBAR