SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1197/2012

La accionante alega que, el 1 de agosto de 2007, mediante memorándum RR.HH. 080/07 la contrataron por tiempo indefinido para cumplir funciones de telefonista de la Corte Suprema -ahora Tribunal Supremo- de Justicia, asignándole el ítem 106, a través del cual, ingresó a la categoría de personal permanente de la referida institución.

Mediante memorándum RR.HH. 085/08 de 29 de septiembre de 2008, suscrito por el Director Administrativo y Financiero, y refrendado por Eddy Walter Fernández Gutiérrez, Presidente de la entonces Corte Suprema de Justicia y del Consejo de la Judicatura, le comunicaron que le asignaron el cargo de Auxiliar de la Sala Penal Segunda de la Corte Suprema -ahora  Tribunal Supremo- Justicia, con el ítem 93, funciones que no fue de asesoramiento ni de alta especialidad, sino nuevamente de apoyo jurisdiccional.

El 2 de marzo de 2010, mediante memorándum RR.HH. 32/10, emitido por Luis Fernando Díaz Enríquez, Director Administrativo y Financiero, y refrendado por Julio Ortiz Linares, Presidente de la entonces Corte Suprema de Justicia, ahora codemandados, la despidieron injustificadamente de sus funciones como Auxiliar de la Sala Penal Segunda; decisión que habrían tomado para reincorporar a Leonor Cuellar Arellano en el puesto que ocupaba antes del despido, a título de dar cumplimiento la Resolución emitida en una acción de amparo constitucional, con la que se hubiera beneficiado esta última, determinación que devino porque el “El doctor Baptista informó que en la Sala Penal Segunda, se dispuso el retiro de la Auxiliar Leonor Cuellar, quien ha ganado una acción de amparo constitucional, por lo que ha sido reincorporada, ello significa que una persona tiene que salir” (sic), que consta en el acta de sesión extraordinaria de la Sala Plena de la institución antes referida.

De modo que, a través de los mencionados memorandos fue contratada como funcionaria permanente de la Corte Suprema -ahora Tribunal Supremo- de Justicia, por lo que se encontraba dentro del alcance del art. 6 inc. a) del Reglamento de Administración y Control de Personal del Poder Judicial que no era de asesoramiento especializado ni de calidad de persona de confianza, por lo que no podía ser destituida en cualquier momento, y más aún sino existió motivo que justifique su despido. Si bien, su retiro emergió de una decisión tomada de la Sala Plena de la entonces Corte Suprema de Justicia, conforme disponía el art. 54 de la Ley de Organización Judicial (LOJ.1993), dicha norma exigía justa causa, lo que no se comprobó.