SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1252/2012
Fecha: 20-Sep-2012
III.3. Análisis del caso concreto
La accionante denuncia que con la emisión de la nota SS/037/10 de 12 de abril de 2010, suscrita por Elizabeth Orellana Guzmán, Rita Lino, Hugo Mendoza, Teresa Robinson, Norka Terrazas, María Luisa Sejas y Zulema Tapia, Presidente, Vicepresidente, Tesorero y Vocales, respectivamente del Directorio de la Asociación de Copropietarios y Ocupantes del “Shopping Sofer”, se le prohibió el ingreso y salida de todo tipo de mercadería desde y hacia sus locales por tener deuda elevada desde varios años atrás por concepto de “partes comunes”, que no emergió de un proceso judicial ni de autoridad competente sino de la imposición ilegal de la asamblea general y asumida por el Pleno del Directorio de la referida asociación; determinación arbitraria que vulneró sus derechos al trabajo y a dedicarse al comercio.
De la revisión de los antecedentes, este Tribunal, sin ingresar al fondo de la problemática planteada, establece que la determinación ilegal de la asamblea general fue asumida por el pleno del Directorio de la Asociación de Copropietarios y Ocupantes del “Shopping Sofer”, es decir, que todos sus miembros tomaron la decisión de hacer cumplir lo determinado por la referida asamblea. Siendo así, correspondía que la acción de amparo constitucional se interponga contra todos sus integrantes y no sólo contra su Presidente. Al no dirigirse la demanda contra el pleno del Directorio, conllevaría que los otros miembros no tengan la obligación de pronunciar nueva decisión o resolución para restituir los derechos denunciados como vulnerados. En consecuencia, aplicando la jurisprudencia del Fundamento Jurídico III.2 de esta Sentencia Constitucional Plurinacional, corresponde denegar la tutela solicitada.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- 2)
- i)
- denegó
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.1.
- II.3.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- “Se entiende que la legitimación pasiva en la acción de amparo constitucional, es la capacidad jurídica que se otorga a la autoridad, funcionario público o particular para comparecer o presentar su informe ante un Tribunal de garantías y de esta forma, responder por los hechos ilegales o indebidos que restringen o lesionen derechos y garantías fundamentales; por lo que es imprescindible individualizar correctamente a la autoridad o persona demandada que presuntamente restrinja, suprima o amenace restringir o suprimir derechos y garantías reconocidas en la Constitución Política del Estado y de esta forma dar cumplimiento a lo previsto por el art. 97 de la Ley del Tribunal Constitucional (LTC), que señala como requisito para interponer la acción, la especificación del nombre y domicilio de la parte demandada.
- '«…cuando una resolución ha sido pronunciada por un Tribunal Colegiado, el recurso debe ser interpuesto, contra todos quienes intervinieron en ella
- 'De lo expuesto se concluye, que la legitimación pasiva de un ente o tribunal colegiado, responde a la posibilidad que se otorgue la tutela solicitada al verificarse primeramente que esté dirigida contra todos los miembros de ese ente o tribunal colegiado, de lo contrario carecería de eficacia, pues los miembros que no fueron demandados no tendrían la obligación de pronunciar nueva resolución, provocando una imposibilidad material de restituir el derecho o garantía vulnerado, además, -claro está- que por un principio de igualdad la responsabilidad civil y penal, que pudiese surgir, debe recaer sobre todos los que incurrieron en el acto ilegal y omisión indebida'.
- la legitimación pasiva de un ente o tribunal colegiado, responde a la posibilidad que se otorgue la tutela solicitada al verificarse primeramente que esté dirigida contra todos sus miembros o titulares, de lo contrario carecería de eficacia, pues quienes no fueron demandados no tendrían la obligación de pronunciar nueva resolución, provocando una imposibilidad material de restituir el derecho o garantía vulnerado, además -claro está- que por un principio de igualdad, la responsabilidad civil y penal que pudiese surgir debe recaer sobre todos los que incurrieron en el acto ilegal y omisión indebida
- III.3. Análisis del caso concreto
- APROBAR