SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0084/2013
Fecha: 17-Ene-2013
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Mediante Resolución Camaral 019/2011-2012 de 22 de febrero de 2011, conjuntamente los Vocales de los departamentos de Pando y Tarija, fue designada Vocal del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, en representación de los pueblos indígenas originarios y campesinos de tierras altas, fungiendo además en dicha institución como Responsable del Servicio de Registro Cívico (SERECI) y posteriormente reasignada al área de Geografía Electoral.
Por Auto Administrativo 011/2011 de 20 de septiembre, el Tribunal Supremo Electoral decidió iniciar proceso administrativo disciplinario contra todos los Vocales del Tribunal Electoral Departamental de Oruro, por la presunta comisión de faltas electorales contenidas en el art. 91.1 y 2 de la Ley del Órgano Electoral Plurinacional (LOEP), debido a que no designaron a los notarios electorales del referido departamento, incumpliendo la Resolución 115/2011 de 15 de julio, las directrices emitidas por el Tribunal Supremo Electoral y los principios de eficiencia y eficacia en la ejecución del calendario electoral. Ante esas acusaciones, presentó todas las pruebas que tenía en su poder, en la que se destacaba su reclamo permanente para la designación de notarios electorales para todo el departamento de Oruro, la misma que fue valorada de manera dogmática y parcializada al margen de todo valor.
Sin embargo, a ello, el Tribunal Supremo Electoral por Resolución Administrativa (RA) 0235/2011 de 12 de octubre, dispuso la destitución de su cargo, argumentando que la misma habría obstaculizado la designación de los notarios electorales. Empero, en dicha Resolución no existe fundamentación legal ni elementos probatorios para comprobar esos extremos, o haga entrever que haya obstaculizado la aprobación de la comisión calificadora. Asimismo, la accionante refiere, que presentó impugnación contra el referido fallo y por Resolución 035/2011 de 20 de diciembre, se denegó la misma en aplicación del art. 246 de la Ley de Régimen Electoral (LRE), que dispone que en los procesos disciplinarios contra vocales, es definitiva e inapelable.
Por lo que considera, que las autoridades demandadas al emitir la RA 0235/2011, incurrieron en actos de ilegalidad, porque adolece de fundamentos jurídicos razonables, sustentables e independientes, ya que la misma se cimienta en una incorrecta interpretación y aplicación de disposiciones normativas así como inadecuada valoración de antecedentes, vulnerando derechos y garantías constitucionales.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- Fragmento 4
- denegó
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- Los procesos administrativos, surgen de la acción u omisión de los servidores públicos de la aplicación o cumplimiento de alguna norma preestablecida; conducta antijurídica que da lugar a la responsabilidad por la función pública, que a su vez tiene su génesis en el principio de 'responsabilidad' que es un término recientemente introducido a nuestro universo administrativo
- El proceso administrativo, reconoce el actuar procesal de las partes, que son las personas físicas o morales que intervienen en el proceso propiamente dicho y sobre las cuales gravitan las consecuencias de todos los aspectos del mismo, desde el inicio hasta la conclusión definitiva; en resumen, las partes de un proceso administrativo son: el Órgano Colegiado o autoridad investida con la facultad de sancionar o dicho de otra manera, el Juez Natural de 'orden administrativo' y el servidor público, que actúa a nombre del Estado, contra el cual se sustanciará determinada acción disciplinaria
- La triple dimensión del debido proceso, se encuentra reconocida en la Constitución Política del Estado, que lo consagra como un principio, un derecho fundamental y una garantía jurisdiccional
- Respecto a la fundamentación de las resoluciones, la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, resume en forma precisa los razonamientos doctrinales asumidos sobre el particular, señalando: 'La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió
- cabe señalar que la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo, pudiendo ser concisa, pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiéndose expresar las convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas
- se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su fallo;
- La congruencia por su parte, responde a la estructura misma de una resolución, por cuanto expuestas las pretensiones de las partes traducidas en los puntos en los que centra una acción o recurso, la autoridad competente para resolver el mismo está impelida de contestar y absolver cada una de las alegaciones expuestas y además de ello, debe existir una armonía lógico-jurídica entre la fundamentación y valoración efectuadas por el juzgador y el decisum que asume.
- es decir, la coherencia y vínculo que debe existir entre una resolución y otra dentro de un mismo proceso, y el segundo en cuanto a la consideración y resolución de todos los puntos puestos a consideración del juzgador, lo que significa que también debe existir coherencia y unidad de criterio dentro de una misma resolución, dado que la misma debe guardar correspondencia con todo lo expuesto a lo largo de su contenido, caso contrario carecería de consecuencia
- III.4. Análisis del caso concreto
- denegado
- ABPROBAR