SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0106/2013
Fecha: 23-Ene-2013
a)
Jaime Paz Morales Poveda, presidente del Tribunal Disciplinario Superior de la Policía Boliviana, mediante su abogado en audiencia manifestó: a) Solicitó al Comando General se envié fotocopias del proceso instaurado el 2009; de lo cual se evidencia que la Resolución 1225/2011, ha sido emitida el 15 de diciembre y habiendo transcurrido más de diez meses, recién el accionante planteó la acción de amparo, de su file personal se desprende que el mismo fue notificado mediante cedulón, por no ser habido, dándose cumplimiento al art. 85 del RFDSPN; b) El accionante pidió la anulación de la Resolución Administrativa (RA) 0474/12 emitida por el Director Nacional de Personal, por lo que el Tribunal Disciplinario Superior se ve extrañado por ser demandado, pues debería accionarse contra las autoridades que emitieron dicha Resolución y no así contra el Comandante General y menos contra el referido Tribunal Disciplinario, que no vulneró derecho constitucional alguno; c) Por otro lado, la Resolución 150/2011, fue apelada el 14 de mayo de 2011, y el accionante solicitó respuesta el 17 de agosto de 2012, después de quince meses, por lo que no corresponde hacer valer su recurso de apelación, solicitando se rechace la tutela.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- a)
- concediendo
- i)
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de amparo constitucional
- III.2. El debido proceso y a la defensa
- '1. Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial,
- h) Derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior.
- 'debido proceso legal', que abarca las condiciones que deben cumplirse para asegurar la adecuada defensa de aquéllos cuyos derechos u obligaciones están bajo consideración judicial.
- «toda persona tiene derecho a ser oída, [...] por un juez o tribunal [...] imparcial, [...] en la sustanciación de cualquier acusación penal formulada contra ella, o para la determinación de sus derechos y obligaciones de orden civil, laboral, fiscal o de cualquier otro carácter»'.
- '«…el derecho que tiene todo encausado a ser oído y juzgado con las debidas garantías, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, instituido con anterioridad al hecho y dentro de los márgenes de tiempo establecidos por ley…»'.
- que la persona contra la que se dirija una demanda sea debida y legalmente informada de su existencia y de las actuaciones que se realicen en el proceso, pues de desconocerla no podrá desvirtuar los extremos contenidos en ella o en las actuaciones o resoluciones que se adopten en el curso del proceso, objetivo que se consigue precisamente a través de los institutos procesales de la citación y la notificación
- III.2.1. De las notificaciones judiciales y administrativas
- '…los emplazamientos, citaciones y notificaciones (notificaciones en sentido genérico), que son las modalidades más usuales que se utilizan para hacer conocer a las partes o terceros interesados las providencias y resoluciones de los órganos jurisdiccionales o administrativos, para tener validez, deben ser realizados de tal forma que se asegure su recepción por parte del destinatario; pues la notificación, no está dirigida a cumplir una formalidad procesal en si misma, sino a asegurar que la determinación judicial objeto de la misma sea conocida efectivamente por el destinatario
- III.3. En cuanto a la legitimación pasiva en la acción de amparo constitucional
- debe interponerse la acción tanto contra el servidor público, persona individual o colectiva que cometió la vulneración que se alega, así como contra la que tiene facultad para revisarla, modificarla o en su caso dejarla sin efecto
- la legitimación pasiva no sólo la adquiere la persona que cometió el acto ilegal y contra quien debe dirigirse la acción, a efecto que pueda responder por los supuestos actos ilegales atribuidos en su contra
- la legitimación pasiva es la capacidad jurídica otorgada al particular, autoridad o servidor público, a efectos de que pueda responder por los supuestos actos ilegales endilgados en su contra; y en los casos en que los actos denunciados de lesivos a los derechos y garantías fundamentales sean cometidos dentro de un proceso judicial o administrativo, la legitimación pasiva recaerá sobre el juez, tribunal u órgano que asumió la decisión,
- III.4. Análisis del caso concreto
- 1°