SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1959/2013
Fecha: 04-Nov-2013
1)
Por memorial cursante a fs. 52 y vta., y en audiencia el abogado de las demandadas manifestó que: 1) El fondo del asunto es un conflicto de derecho propietario, al accionante se le suprimió su derecho propietario mediante Ordenanza Municipal (OM) “071/79” de expropiación por necesidad y utilidad pública, y es responsabilidad del Municipio el correspondiente pago del justo precio a la persona que acredite ese derecho; 2) El trámite de expropiación se proceso y concluyó en el Juzgado Primero de Partido en lo Civil y Comercial, encontrándose ejecutoriado y con calidad de cosa juzgada, donde el accionante fue demandado; 3) El lote de terreno de José Eduardo Higuera Dalence según el expediente y su derecho propietario corresponde al manzano 30, lote 19 que por Ordenanza, perdió su derecho una reorganización (…) y el lote que les fue otorgado (…) corresponde al Mz., 30 el número de lote se cambió (…) a 28…”(sic), encontrándose en un conflicto de derecho propietario; y, 4) El accionante equivocó el camino al pretender que el Tribunal de garantías se convierta en un tribunal de conocimiento este debió acudir al Juzgado Primero de Partido en lo Civil y Comercial y que este resuelva la ejecución de la sentencia conforme el art. 514 del Código de Procedimiento Civil (CPC), existiendo subsidiariedad al no haberse agotado los medios de impugnación previstos por ley.
La mencionada línea jurisprudencial, estableció una subregla, la obligatoriedad de probar por parte del accionante los hechos denunciados y, señaló que cuando no exista divergencia sobre los hechos denunciados; es decir, sobre la aceptación de los hechos denunciados por parte de los demandados y no hayan sido desvirtuados por estos últimos en forma debida debe concederse la tutela y para ello debe concurrir dos aspectos: 1) La imposibilidad de obtener y presentar la prueba correspondiente; y, 2) La aceptación de los hechos acusados o la no desvirtuación de los mismos por parte de los demandados.
- I.1.1 Hechos que motivan la acción
- a)
- 1)
- denegó
- II.1.
- II.2.
- II.3.
- II.4.
- II.6.
- II.7.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- “…la Constitución Política del Estado es concebida como fuente primaria del ordenamiento jurídico y a la vez Norma Suprema directamente justiciable
- “…la funcionalidad de la Constitución Política del Estado
- gozan de igual jerarquía y son directamente aplicables y justiciables.
- estructura esta acción sobre la base de los principios de sumariedad, inmediatez, eficacia, idoneidad y oportunidad
- es un verdadero proceso de naturaleza constitucional
- el acto o los actos cometidos por los particulares o funcionarios públicos, contrarios a los postulados del Estado Constitucional de Derecho por su realización al margen y en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales vigentes para una administración de justicia, afectando así derechos fundamentales reconocidos por el bloque de constitucionalidad
- tiene dos finalidades esenciales: a) Evitar abusos contrarios al orden constitucional vigente; y, b) Evitar el ejercicio de la justicia por mano propia…”.
- 1) La flexibilización del principio de subsidiariedad; 2) La carga probatoria a ser cumplida por la parte peticionante de tutela; y, 3) Los presupuestos de la legitimación pasiva, su flexibilización excepcional y la flexibilización del principio de preclusión para personas que no fueron expresamente demandadas…”.
- i) La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y ii) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros”
- c)
- teniendo en cuenta que pueden producirse determinadas situaciones en las que exista la imposibilidad material de efectuar tal acreditación, la citada sentencia constitucional estableció una subregla dentro de la línea jurisprudencial que establece la obligatoriedad de probar por parte del accionante los hechos que denuncia, al establecer que cuando no exista divergencia sobre los hechos denunciados, es decir, cuando se atribuya a los demandados haber incurrido en vías de hecho y exista aceptación de los hechos denunciados por parte de estos, o los mismos no los desvirtúen en forma debida, tendrá que concederse la tutela; para ello, tendrán que concurrir los dos aspectos: a) La imposibilidad de obtener y presentar la prueba correspondiente y, b) La aceptación de los hechos acusados o la no desvirtuación de los mismos por parte de los demandados”
- son inviolables
- III.4. Análisis del caso concreto
- REVOCAR