AUTO CONSTITUCIONAL 0018/2013-CA
Fecha: 04-Feb-2013
AUTO CONSTITUCIONAL 0018/2013-CA
Sucre, 4 de febrero de 2013
Expediente: 02518-2013-06-AIC
Materia: Acción de inconstitucionalidad
Concreta
En consulta la Resolución Administrativa 29-00016-13 de 7 de enero de 2013, cursante de fs. 63 a 70, pronunciada por Mario Cazón Morales, Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego (AJ) por la que rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta, interpuesta por Celso Choque Coyo, demandando la inconstitucionalidad de la Resolución Regulatoria (RR) 01-00012-11 de 17 de octubre de 2011 y las RR conexas 01-00005-11, 01-00007-11 ambas de 10 de junio y 01-00011-11 de 11 de Julio todos de 2011, por presuntamente vulnerar los arts. 109.II, 114, 115.II, 116, 117.I y II, 118, 119.II y 120 de la Constitución Política del Estado (CPE).
I. ANTECEDENTES DE LA ACCIÓN
I.1. Síntesis de la solicitud de parte
Por memorial de 31 de diciembre de 2012, cursante de fs. 45 a 52, el accionante manifiesta que, como consecuencia de una Resolución Sancionatoria emitida por la Autoridad de AJ en su contra, interpuso recurso de revocatoria y en el mismo memorial planteó también acción de inconstitucionalidad concreta.
Indica que, la Resolución Sancionatoria 10-00098-12 de 9 de noviembre de 2012, en la parte resolutiva establece que: para interponer el recurso de revocatoria deberá realizar el pago de la sanción impuesta en la presente Resolución en la cuenta de AJ “10000006212736 del Banco Unión S.A.”, caso contrario se dará por no presentado el recurso interpuesto conforme a lo establecido en la RR 01-00012-11. Por lo que se plantea la inconstitucionalidad de las RR 01-00012-11, 01-00005-11, 01-00007-11 y 01-00011-11, que infringen el principio de “reserva de ley”, dispuesto expresamente en los arts. 109.II y 115.II de la CPE, vinculado al debido proceso, a la defensa y a una justicia administrativa plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones; al pretender éstas que, previa a la impugnación mediante el recurso de revocatoria se pague una multa, limitando y restringiendo. Así, los derechos constitucionales ya referidos.
También señala que, sólo el órgano legislativo tiene competencia para emitir leyes; en consecuencia, este principio, en el ámbito del ejercicio de los derechos fundamentales, resultaría lesionado cuando una norma inferior a una ley como lo son, las Resoluciones Regulatorias imponen limitaciones al ejercicio de algún derecho fundamental consagrado por la Constitución Política del Estado.
Finalmente refiere que, la relevancia que tendrán las normas impugnadas en la decisión del proceso para el caso concreto.
I.2. Respuesta a la acción
Se corrió traslado la acción por proveído 12-00001-13 de 2 de enero de 2013 (fs. 53), a la Jefatura del Departamento de Normas y Contencioso de la autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego-AJ.
Mediante memorial de 4 del mismo mes y año, cursante de fs. 55 a 62 vta., Ivan Arancibia Zegarra, Jefe del Departamento de Normas y Contencioso de la AJ, respondió a la acción de inconstitucionalidad concreta presentada, argumentando que el 12 de septiembre de 2012, los servidores públicos de la AJ, procedieron a la intervención del salón de Juego innominado de propiedad del accionante, ubicado en la calle Punata S/N entre Av. San Martín y calle Lanza, de la ciudad de Cochabamba, siendo que este salón se encontraba abierto y en funcionamiento, sin licencia de operación emitida por la AJ aspecto que contraviene con la Ley 060 de 25 de noviembre de 2010, razón por la cual se procedió a la emisión del Auto de Apertura de Proceso Administrativo y posteriormente la Resolución Sancionatoria 10-0098-12 de 9 de noviembre de 2012, en contra de Celso Choque Coyo.
En resumen, manifiesta que la AJ, tiene amplias facultades legales para proceder al decomiso preventivo de las máquinas de juego e instrumentos de la infracción, de las personas individuales o jurídicas que no cumplan con la ley, así como emitir disposiciones legales que regulan la Ley 060; además, expone fundamentos jurídicos que pretenden demostrar la legalidad y legitimidad de las RR 01-00012-11, 01-0001-11, y 1-00005-11; dejando en claro que la AJ. Por otra parte argumenta que el accionante no fundamentó la inconstitucionalidad y la relevancia que tendrá la norma legal impugnada, en la decisión del proceso, al margen de incumplir los requisitos exigidos por el art. 72.2 del Código Constitucional Procesal (CPCo).
Sin embargo, en el memorial in extenso de referencia, se alude a la empresa CORHAT Bolivia S.A. y no así al que interpone la acción.
I.3. Resolución de la autoridad administrativa consultante
A través de la Resolución Administrativa 29-00016-13 de 7 de enero de 2013, cursante de fs. 63 a 70, Mario Cazón Morales, Director Ejecutivo de la AJ, rechazó la solicitud de promover la acción de inconstitucionalidad concreta, con el fundamento de la norma que regula y establece la explotación de los juegos de azar y sorteo tiene un marco normativo que es la Ley 060 y el Decreto Supremo (DS) 781 de 2 de febrero de 2011, por lo que en ese entendido el accionante no cita de forma adecuada la disposición que pretende declarar inconstitucional por intermedio de esta acción, equivocándose totalmente en la cita del ordenamiento legal, por otra parte alega que tampoco fundamentó la inconstitucionalidad de la norma y la relevancia que tendrán los preceptos impugnados en la decisión del proceso, de modo que no se dio cumplimiento a los arts. 24.4 y 79 y siguientes del CPCo.
II. ANÁLISIS DE LA ACCIÓN
II.1. Norma jurídica impugnada y preceptos constitucionales supuestamente infringidos
El accionante, demanda la inconstitucionalidad de las RR 01-00012-11 y las RR conexas 01-00005-11, 01-00007-11 y 01-00011-11, por presuntamente vulnerar los arts. 109.II, 114, 115.II, 116, 117.I y II, 118, 119.II y 120 de la CPE.
II.2. Marco normativo constitucional y legal
De acuerdo a lo previsto por el art. 196.I de la CPE, señala que: “El Tribunal Constitucional Plurinacional vela por la supremacía de la Constitución y ejerce el control de constitucionalidad...”.
De análisis del art. 79 del CPCo, se determina que la legitimación activa, para interponer la acción de inconstitucionalidad concreta, son la jueza, juez, tribunal o autoridad administrativa que, de oficio o a instancia de una de las partes, entienda que la resolución del proceso judicial o administrativo, depende de la constitucionalidad de la norma contra la que se promueve la acción.
Al respecto, el art. 73.2 del CPCo, establece que la: “Acción de Inconstitucionalidad de carácter concreto, que procederá en el marco de un proceso judicial o administrativo cuya decisión dependa de la constitucionalidad de leyes, estatutos autonómicos, cartas orgánicas, decretos, ordenanzas y todo género de resoluciones no judiciales”.
A su vez, el art. 24 del citado Código establece que las acciones deberán contener:
”1. Nombre, apellido y generales de ley de quien interpone la acción, demanda, consulta o recurso, o de su representante legal, acompañando en este último caso la documentación que acredite su personería. Además deberá indicarse la dirección de un correo electrónico u otro medio alternativo de comunicación inmediata.
2. Nombre y domicilio contra quien se dirige la acción o recurso, cuando así corresponda.
3. Exposición de los hechos, cuando corresponda.
4. En las acciones de inconstitucionalidad, la identificación de la disposición legal y las normas impugnadas, así como las normas constitucionales que se consideren infringidas, formulado con claridad los motivos por los que la norma impugnada es contraria a la Constitución Política del Estado.
5. Solicitud, en su caso, de medidas cautelares.
6. Petitorio”.
Además de lo anotado, se deberá requerir el patrocinio de abogada o abogado.
Por su parte el art. 27 del Código antes mencionado, refiere que una vez verificado el cumplimiento de los requisitos o subsanadas las observaciones efectuadas, la Comisión de Admisión podrá rechazar las acciones, demandas, consultas y recursos en los siguientes casos:
“a) Cuando concurra cosa juzgada constitucional.
b) Cuando sea presentada de manera extemporánea en los casos que así corresponda, o
c) Cuando carezca en absoluto de fundamentos jurídico constitucionales que justifiquen una decisión de fondo”.
II.3. Análisis del caso concreto
En el presente caso de autos, se evidencia que el accionante expone que las RR 01-00012-11, 01-00005-11, 01-00007-11 y 01-00011-11, infringen el principio de reserva de ley, establecido expresamente en los arts. 109.II y 115.II de la C.P.E., vinculado al derecho del debido proceso, a la defensa y a una justicia administrativa plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones, cuando al pretender que previa a la impugnación mediante el recurso de revocatoria, se pague una multa; limitando de esta forma los derechos constitucionales ya referidos y sobre todo el derecho a la doble instancia considerando que sólo el órgano legislativo es el competente para emitir leyes por lo que una norma inferior a una ley (Resoluciones Regulatorias), no pueden imponer al ejercicio de algún derecho fundamental consagrado por la Constitución Política del Estado.
Así en ese entendido, el accionante cumplió con lo prescrito en el art. 24.4 del CPCo., ya que identificó claramente las normas impugnadas; como también, las disposiciones constitucionales que considera infringidas, habiendo formulado con claridad los motivos por los que las Resoluciones Regulatorias son contrarias a la Constitución Política del Estado. Finalmente, explicó la relevancia que tendrá la disposición legal impugnada en la decisión que deba adoptar la autoridad administrativa dentro del proceso sancionatorio de referencia, señalando al respecto que dicho precepto, al condicionar el acceso a una segunda instancia, se convierte en determinante para aquella autoridad, que no podrá asumir decisión alguna sin que previamente se establezca la constitucionalidad o inconstitucionalidad de la resolución impugnada.
Respecto a la legitimación activa que la AJ consideró que, el accionante incumplió, es menester aclarar que la acción de inconstitucionalidad concreta se interpone ante la autoridad que conoce el proceso judicial o administrativo, que es lo que ocurre en este caso, puesto que la misma presentó ante la autoridad administrativa que expidió las resoluciones cuestionadas.
Consiguientemente, se evidencia que sí, observó los requisitos de contenido previstos en el art. 24.I.4 y 79 del CPCo, correspondiendo admitir el incidente formulado; además, cabe aclarar que el incidente de inconstitucionalidad fue interpuesto en el marco legal de la Ley 027 de 6 de junio de 2010, normativa derogada por el Código Procesal Constitucional que entró en vigencia a partir del 6 de agosto de 2012. Sin embargo, la autoridad administrativa consultante al haber rechazado la acción, no actuó correctamente las leyes vigentes.
POR TANTO
La Comisión de Admisión del Tribunal Constitucional Plurinacional, en virtud de la jurisdicción y competencia, establecida por el art. 80.II del CPCo, resuelve:
1° REVOCAR la Resolución Administrativa 29-00016-13 de 7 de enero de 2013, cursante de fs. 63 a 70, pronunciada por Mario Cazón Morales, Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social de Juego.
2° ADMITIR la acción de inconstitucionalidad concreta, planteada por Celso Choque Coyo demandando la inconstitucionalidad de las RR 01-00012-11 y las RR conexas 01-00005-11, 01-00007-11 y 01-00011-11.
3° Poner en conocimiento del Director Ejecutivo de la Autoridad de Fiscalización y Control Social del Juego, como personero que generó las normas administrativas impugnadas, a objeto de que pueda formular los alegatos que consideren necesarios, sea en el plazo de quince días.
Regístrese, notifíquese.
COMISIÓN DE ADMISIÓN
Fdo. Dra. Neldy Virginia Andrade Martínez
MAGISTRADA PRESIDENTA
Fdo. Efren Choque Capuma
MAGISTRADO
Fdo. Tata Gualberto Cusi Mamani
MAGISTRADO