SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0381/2013

En el caso en análisis, se tiene que el ahora representante denuncia que el accionante se encuentra detenido preventivamente, por Auto de medida cautelar de 29 de noviembre de 2012, emitida por la Jueza Primera de Instrucción en lo Penal, a consecuencia de una investigación penal seguida por el Ministerio Público, por la presunta comisión del delito de suministro de sustancias controladas, Resolución que fue impugnada mediante recurso de apelación incidental el 30 del mismo mes y año, pero éste no fue remitido en el plazo previsto por ley, habiendo transcurrido veintisiete días sin que los actuados procesales del recurso sean remitidos al Tribunal de alzada por falta de recaudos de ley.

Conforme se tiene de los antecedentes del caso, se evidencia que la audiencia de imposición de medidas cautelares se celebró el 29 de noviembre de 2012, como resultado de la imputación formal presentada por el Fiscal de Materia de Sustancias Controladas contra Willy Kenneth Suárez Rivero -ahora accionante- y otros. La autoridad demandada dispuso la medida excepcional de carácter personal de detención preventiva en el Centro de Rehabilitación de Santa Cruz “Palmasola”, fallo que fue recurrido en apelación. Ante la falta de provisión de recaudos de ley por parte del imputado, la autoridad demandada, no remitió los antecedentes ante la Sala Penal de turno, vale decir, que desde la presentación del recurso de apelación hasta la formulación de esta acción tutelar no se remitieron los actuados pertinentes, transcurriendo veintisiete días sin que se hubiere remitido la apelación presentada y los actuados correspondiente ante el Tribunal de alzada.

Dicho extremo, es corroborado por el informe presentado por la autoridad demandada, quien justifica la dilación señalando que por circular de Presidencia 062/2005, las partes que apelan deben proporcionar las fotocopias para la remisión de las actuaciones ante el Tribunal de alzada, y que además, conminó al imputado para la provisión de los recaudos de ley, pero éste no proveyó los mismos.

Lo señalado precedentemente, permite concluir que en la causa existió una paralización indebida e injustificada en la tramitación del recurso de apelación presentado por el accionante contra la Resolución de detención preventiva que le fue impuesta; lo que demuestra que la autoridad judicial demandada, ignoró que no es compatible con el orden constitucional que la autoridad jurisdiccional, a título de falta de provisión de recaudos, paralice la tramitación de una causa o de un recurso de impugnación bajo el justificativo de no haberse proporcionado los recaudos de ley, toda vez que tal determinación incide directamente en la afectación del derecho a la libertad, ocasionando una dilación indebida y consecuentemente, un estado de indefinición jurídica sobre la situación de un privado de libertad.

En coherencia con lo referido, si bien es evidente que en el presente caso, el accionante en total desconocimiento de su deber de proporcionar los recaudos necesarios para que los antecedentes procesales sean remitidos a efectos de tramitarse el recurso de apelación que formuló, no es menos cierto que esta omisión no justifica ni permite convalidar actuaciones dilatorias que entorpecen el tratamiento rápido y oportuno que deben merecer las solicitudes vinculadas con la libertad personal. Ante estos supuestos cumple a la autoridad judicial competente adoptar todas las medidas conducentes para que se efectivice la remisión de actuados y dar curso a la tramitación del recurso de apelación presentado; medidas que no fueron adoptadas por la autoridad judicial demandada, pues lo único que se evidencia es la actuación pasiva que adoptó y que generó la paralización del referido trámite del recurso de apelación; prueba de ello es que una vez que el accionante mediante memorial de 12 de diciembre de 2012, solicitó el cumplimiento de lo previsto en el art. 251 del CPP, no se observa ninguna conminatoria ni diligencia adoptada por la autoridad judicial demandada a efectos de viabilizar la remisión de los actuados pertinentes; advirtiéndose que la autoridad judicial demandada dejó transcurrir veintisiete días desde la interposición del recurso de apelación sin haber remitido los antecedentes correspondientes al Tribunal de alzada, existiendo una dilación injustificada e indebida que ha vulnerado el derecho de libertad del accionante, debido al incumplimiento del art. 251 del CPP, inobservancia incurrida tanto por parte de éste, al no haber otorgado los recaudos necesarios, así como por la falta de medidas conducentes por parte de la autoridad jurisdiccional demandada a efectos que los actuados pertinentes sean remitidos y se dé continuidad inmediata al trámite de apelación presentada, autoridad que prefirió adoptar una actitud pasiva en total inobservancia con la jurisprudencia constitucional, toda vez que los recaudos de ley no pueden constituirse en un mecanismo que obstaculice la celeridad en el trámite del recurso de apelación incidental de la Resolución que disponga, modifique o rechace las medidas cautelares.

Por lo señalado, esta jurisdicción constitucional no puede convalidar la omisión indebida en la que incurrió la autoridad judicial y justificar su actuación porque Willy Kenneth Suárez Rivero no proveyó los recaudos necesarios, adoptar el razonamiento que persigue la autoridad judicial demandada, implicaría que este Tribunal se convierta en cómplice de una tramitación dilatoria que ha puesto en riesgo indebido la libertad personal del accionante, provocando, un estado de indefinición jurídica por veintisiete días de un privado de libertad, pues en estas circunstancias corresponde a la autoridad judicial competente adoptar todas las medidas conducentes para que se efectivice la remisión de actuados y no una actitud pasiva, por ende, dilatoria que entorpezca el tratamiento rápido y oportuno que deben merecer las solicitudes vinculadas con la libertad personal, motivo por el cual al encontrarse dentro del ámbito de protección que brinda la acción de libertad traslativa o de pronto despacho corresponde otorgar la tutela solicitada.