AUTO CONSTITUCIONAL 0173/2013-CA

Por memorial presentado el 26 de marzo de 2013, cursante de fs. 15 a 20 vta., refiere que la Administración Tributaria Aduanera de La Paz emitió contra ésta organización no gubernamental, la Resolución Sancionatoria AN-GRLPZ-LAPLI/00029-10 de 12 de enero de 2010, pretendiendo el cobro tributario de Gravamen Aduanero e Impuesto al Valor Agregado (IVA), a mercadería donada por el Gobierno de Estados Unidos de Norteamérica a Bolivia, importadas durante la gestión 2003, imponiendo de acuerdo al art. 160 y 165 del CTB, una sanción por omisión de pago de tributos aduaneros, determinación que -a criterio de la accionante- no corresponde en virtud al Convenio de Cooperación y asistencia suscrito entre el Estado de Bolivia y los Estados Unidos de Norte América, porque desconociendo   el concepto de donación, origen y destino se pretende cobrar coercitivamente impuestos expresamente liberados a este tipo de donaciones, agravando la situación con la aplicación del art. 59.II de la mencionada norma, con el objeto de rechazar la prescripción. 

Continúa manifestando que, la norma impugnada determina que: “El término precedente se ampliará a siete años cuando el sujeto pasivo o tercero responsable no cumpliera con la obligación de inscribirse en los registros pertinentes o se inscribiera en un régimen tributario que no le corresponde”, entonces se trata de una norma que no expresa como requisito para la ampliación a siete años, la formalidad de la exención de tributos ante el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, dentro del plazo de sesenta días, a partir de la llegada con la mercancía como lo dispone la referida Resolución Sancionatoria, donde la duda razonable radica en que la única obligación como administrados tributariamente es el registro obligatorio de la obtención del Número de Identificación Tributaria (NIT) y no así la exención de tributos, que en el caso presente afirma haber adquirido el mismo.   

Añade que, la norma impugnada, afecta al debido proceso, derecho a la defensa, principio de legalidad y seguridad jurídica, porque al ampliarse el periodo de prescripción de modo forzado como se pretende, no se permite gozar de una prerrogativa otorgada por la Ley, que en el fondo tampoco procede, puesto que no existe una norma que permita el cobro de impuestos, aclarando que mediante la presente, no se solicita verificar la procedencia o no de la prescripción, sino         la constitucionalidad del precepto cuestionado que no faculta a la Administración Tributaria Aduanera la ampliación del término de prescripción del modo aplicado. 

Finalmente, indica que al ampliarse el término de prescripción a siete años se aplica una sanción económica que afecta intereses de la entidad de modo flagrante, estando exenta por el Acuerdo Marco vigente que, establece que las donaciones otorgadas por la organización estarán libradas de pago de Gravamen Aduanero Consolidado (GAC), Impuesto al Valor Agregado (IVA) e Impuesto al Consumo Específico (ICE), mismo que debe ser resguardado por el art. “401.II” poniendo en segundo lugar a los tratados internacionales y en tercer lugar a las leyes nacionales, además se estaría obligando a pagar algo que resulta imposible porque no hay norma que permita el cobro de tributos a donaciones por compromiso boliviano a las donaciones obtenidas, puesto que implica que el afectado tenga que privarse de ingresos o ahorros para cubrir una deuda injustificada.