El Magistrado que suscribe, ha expresado su disidencia con laSCP 0332/2013-Lde 16 de mayo; en base a los siguientes fundamentos:

Los fundamentos antes mencionados,permiten establecer, que conforme a la problemática planteada por la parte accionante, se debería verificar en el caso concreto, en aplicación de dichos fundamentos, si el supuesto procesamiento indebido que se denuncia, se encontraba o no relacionado directamente con la amenaza, restricción o supresión de la libertad física o de locomocióndel accionante y si este hubiera agotado todos los mecanismos intraprocesales de impugnación, además si al mismo se le hubiere colocado en un absoluto estado de indefensión, aspecto que no se verifica ni analiza en el punto III.4 (análisis del caso concreto) de la SCP 0332/2013-L, o sea que no se aplica este fundamento jurídico, pese a habérselo citado expresamente en su punto III.1.

Asimismo, en el mismo punto III.4, no se hace una explicación expresa de la aplicación de los fundamentos citados en los puntos III.2 y III.3 dela SCP 0332/2013-L, sobre la jurisprudencia citada relacionada a “La detención domiciliaria como medida sustitutiva a la detención preventiva” y la relacionada “a la efectivización de la cesación a la detención preventiva”, limitándose a realizar una cita ampulosa de normativa penal, sin utilizar la jurisprudencia mencionada en el último fundamento referido.

En síntesis, el análisis del caso concreto que cursa en el punto III.4 de la Sentencia objeto de disidencia, incurre en omisión de una debida fundamentación e incluso de falta de congruencia con los fundamentos jurídicos que son citados en la misma, pues en ningún momento se hace aplicación de estos al análisis, llegando a un contrasentido de la justicia constitucional, al señalarse literalmente en la misma sentencia lo siguiente “Por ello, aun cuando esta jurisdicciónacogiera la tutela que reclama el accionante, aún existirán contradiccionesque impidan disponer la libertad impetrada, y p or ello, debe denegarse latutela porque la concesión tampoco supondrá el restablecimiento delsupuesto derecho vulnerado, mientras no exista una adecuadacoordinación para la aplicación de las medidas sustitutivas impuestas entreel Juez de la causa y el Tribunal de alzada que dispuso dichas medidas -deforma incompleta y que no fueron demandados en la presente acción-;pues esos aspectos decisivos en la situación jurídica de privación delibertad escapan a esta jurisdicción constitucional y deben ser atendidospor aquellas autoridades competentes al proceso penal, por su propiainiciativa o de oficio.”. Texto literal que en vez de aclarar la situación o motivos, del porque se decidió denegarse la tutela, incurre en limitar la facultad que tiene la jurisdicción constitucional para intervenir, resguardar y proteger el derecho a la libertad de las personas, en la vía de acción de libertad, al crear incertidumbre y confusión sobre la exigencia de una supuesta condición, como es que exista “una adecuada coordinación para la aplicación de las medidas sustitutivas impuestas entre el Juez de la causa”, aspecto que no permite entender que o quienes debieran coordinar tal aspecto, que al final resulta irrazonable y obscuro; además de dar a entender, que la jurisdicción constitucional se halla impedida de intervenir y resolver cuestiones que afectan al derecho a la libertad, que emergen de las medidas sustitutivas, cuando la función y finalidad de la justicia constitucional es preservar los derechos fundamentales de la persona, entre ellos la libertad. En consecuencia el contenido de la SCP 0332/2013-L de 16 de mayo, no cumple con una debida fundamentación ni argumentación adecuada, conforme debiera cumplir toda Resolución de acuerdo al Fundamento Jurídico I. del presente voto disidente.