SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0658/2013-L
Fecha: 15-Jul-2013
concedió
La Sala Social y Administrativa de la Corte Superior del Distrito Judicial -ahora Tribunal Departamental de Justicia- de Santa Cruz, constituida en Tribunal de garantías, por Resolución 131 de 29 de septiembre de 2011, cursante de fs. 261 a 262, concedió la tutela de la acción de amparo constitucional, disponiéndose “que el juez se pronuncie con relación a los temas de vulneración del debido proceso que se encuentra determinado en la respectiva resolución y como consecuencia, las partes tengan todos los derechos que da la constitución y las normas legales”(sic), con el fundamento de que el “Tribunal de amparo constitucional” (sic) descansa sobre tres pilares, uno es que es de puro derecho, porque no se puede ingresar a analizar o valorar pruebas, la inmediatez que debe estar dentro de los plazos establecidos por la constitución y la vulneración y análisis de las pruebas correspondientes de acuerdo al siguiente detalle: i) Del Auto de Vista emitido por el Juez Tercero de Partido en lo Civil y Comercial, con referencia a los pedidos emergentes de la presente acción, se observó que el mismo no contempla los derechos que han sido demandados como vulnerados, como el derecho al debido proceso, con relación a la resolución que ha sido objeto del “recurso”, así como lo dispuesto en la Constitución Política del Estado (CPE); y, ii) La vulneración que debió ser subsanada por el juez ad quo con relación al presente caso, debiendo fundamentar y valorar todas las pruebas que no son atribución de ese Tribunal.
- Emiliano Escobar Avalos, Griselda Ruiz de Escobar
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.2. Audiencia y Resolución del Tribunal de garantías
- I.2.1. Ratificación y ampliación de la acción
- I.2.2. Informe de la autoridad demandada
- I.2.3. Intervención del tercero interesado
- concedió
- I.3. Consideraciones de Sala
- II.1.
- II.2.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1.
- art. 62 de la LAC, al señalar que el recurso de anulación constituye la única vía de impugnación del laudo arbitral y deberá estar basada exclusivamente en las causales señaladas en el art. 63 de la misma ley, que establece entre otras en su parágrafo primero, cuando la materia no es arbitrable y cuando el Laudo Arbitral fue pronunciado de manera contraria al orden público, señalando asimismo en el parágrafo segundo, otras causales de anulación, debiendo conforme exige el mismo artículo en su parágrafo tercero que 'La parte recurrente que durante el procedimiento arbitral omitiere plantear una protesta respecto de las causales señaladas, no podrá invocar la misma causal en el recurso de anulación'.
- la potestad del juez de partido en lo civil, que actúa en el auxilio judicial para conocer y resolver el recurso de anulación, como el propio nombre de esa vía impugnativa lo señala, se circunscribe a la labor de verificar si existe ciertamente alguna o algunas de las causales establecidas por ley que hagan procedente tal recurso, y de ser así, deberá anular el laudo arbitral -pues ese es el fin del recurso-, sin ingresar a dirimir el fondo de la controversia sometida a proceso arbitral,
- III.3. Sobre el debido proceso
- La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de publicidad, inmediatez, libre apreciación de la prueba; los derechos fundamentales como el derecho a la defensa, a la igualdad, etc., derechos que por su carácter fundamental no pueden ser ignorados ni obviados bajo ningún justificativo o excusa por autoridad alguna,
- a) Principio de especificidad o legalidad, referida a que el acto procesal se haya realizado en violación de prescripciones legales, sancionadas con nulidad, es decir, que no basta que la ley prescriba una determinada formalidad para que su omisión o defecto origine la nulidad del acto o procedimiento, por cuanto ella debe ser expresa, específica, porque ningún trámite o acto judicial será declarado nulo si la nulidad no está expresamente determinada por la ley, en otros términos `No hay nulidad, sin ley específica que la establezca
- III.5. Análisis del caso concreto
- i)
- no interpuso durante la tramitación del proceso arbitral las protestas respectivas sobre vulneración de derechos procesales, constitucionales, orden público y debido proceso.
- REVOCAR