AUTO CONSTITUCIONAL 0189/2013-RCA

Al respecto la jurisprudencia constitucional mediante la SCP 1130/2012 de 6 de septiembre, determinó que dentro de una acción de amparo constitucional que denuncia medidas de hecho debe considerarse que: “…i) La carga probatoria a ser realizada por el peticionante de tutela, debe acreditar de manera objetiva la existencia de actos o medidas, asumidas sin causa jurídica, es decir en prescindencia absoluta de los mecanismos institucionales establecidos para la definición de hechos o derechos; y, ii) Para el caso específico de vías de hecho vinculadas al avasallamiento, al margen de la carga probatoria desarrollada en el anterior inciso, el peticionante de tutela debe acreditar su titularidad o dominialidad del bien en relación al cual se ejerció vías de hecho, aspecto demostrado con el registro de propiedad en mérito del cual se genera el derecho de oponibilidad frente a terceros” (las negrillas nos corresponden).

En el caso que se analiza, en el expediente a fs. 5 y 6 de obrados, cursa testimonio de escritura pública de compra venta de un predio rural suscrita a favor de Ernesto Argani Calizaya, y de fs. 21 a 32 más literal, con la que se pretende acreditar el derecho propietario, pero no obstante aquello; no adjuntó prueba que certifique que el terreno en cuestión fue objeto del proceso de saneamiento simple a cargo del INRA, a lo que se añade que tampoco demostró que se encuentra debidamente registrado en Derechos Reales (DD.RR.), aspecto que imposibilita realizar un análisis de fondo en el presente caso.