SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1509/2013
Fecha: 27-Ago-2013
I.1.1. Hechos que motivan la acción
La Federación Universitaria Local (FUL) de la Universidad Autónoma “Juan Misael Saracho” (UAJMS), reconoció al Frente Justicia como ganador del proceso eleccionario llevado a cabo el 27 de abril de 2012 en la Carrera de Derecho para las gestiones 2012-2014, extremo que se encuentra respaldado por la Confederación Universitaria Boliviana (CUB), el Rectorado, Vice rectorado y Decanatura de dicha Universidad. Siendo así, que su persona en su condición de Primera Ejecutiva Titular del Centro de Estudiantes de Derecho, de manera sorpresiva, irregular e ilegal, en una supuesta asamblea magna estudiantil con asistencia de no más de treinta estudiantes y apoyado en un informe emitido por los veedores de la FUL, fue desconocida, suspendida y destituida de su cargo porque supuestamente no habría realizado rendición de cuentas y hubiera falsificado firmas en contra de los docentes de su carrera.
Con esa arbitraria determinación hecha por la FUL, conculcan e interrumpen su sagrado derecho de continuar ejerciendo libremente la dirigencia estudiantil universitaria en la Carrera de Derecho; asimismo, dichas actitudes contradicen y violan las normas previstas en el Estatuto Orgánico Estudiantil de la UAJMS, Estatuto Orgánico de la CUB, Reglamento del Tribunal de Honor, Reglamento de Manejo Económico de la FUL y los Centros de Estudiantes, Código de Ética y Reglamento de Procesos Universitarios y demás disposiciones que rigen la vida estudiantil universitaria.
Refiere también, que los acontecimientos suscitados el 1 de marzo de 2013, como consecuencia de la supuesta asamblea magna en la carrera de derecho instalada en predios del Campus Universitario y la determinación asumida en ella con la aprobación de los Secretarios Ejecutivos de la FUL ahora demandados que desconoció arbitrariamente su derecho al ejercicio como Primera Ejecutiva Titular del Centro de Estudiantes de la Carrera de Derecho, no fue puesta a conocimiento de su persona para ser oída y/o asuma defensa ante semejante atropello, puesto que las causales previstas en el art. 124 incisos a), b), c), f), i) y j) que sirvieron de base para tomar decisiones contrarias al Estatuto Orgánico Estudiantil de la UAJMS, como el Reglamento del Tribunal de Honor exige para la imposición de una sanción prevista en el art. 127 del citado estatuto misma que no fue cumplida.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- a)
- 1)
- concedió
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- II.5.
- II.6.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- Fragmento 13
- III.1.La acción de amparo constitucional y su naturaleza jurídica
- …el derecho de toda persona a un proceso justo y equitativo en el que sus derechos se acomoden a lo establecido por disposiciones jurídicas generales aplicables a todos aquellos que se hallen en una situación similar
- 'La importancia del debido proceso está ligada a la búsqueda del orden justo. No es solamente poner en movimiento mecánico las reglas de procedimiento sino buscar un proceso justo, para lo cual hay que respetar los principios procesales de
- Fragmento 17
- Resumiendo, podemos decir que el debido proceso ha sufrido una transformación de un concepto abstracto que perseguía la perfección de los procedimientos, es decir que daba preeminencia a la justicia formal, a un ideal moderno que destaca su rol como única garantía fundamental para la protección de los derechos humanos. El debido proceso constitucional no se concreta en las afirmaciones positivizadas en normas legales codificadas, sino que se proyecta hacia los derechos, hacia los deberes jurisdiccionales que se han de preservar con la aspiración de conseguir un orden objetivo más justo, es decir, el debido proceso es el derecho a la justicia lograda a partir de un procedimiento que supere las grietas que otrora lo postergaban a una simple cobertura del derecho a la defensa en un proceso
- el debido proceso, consagrado en el texto constitucional en una triple dimensión, en los arts. 115.II y 117.I como garantía, en el art. 137 como derecho fundamental y en el art. 180 como principio procesal; y, en los arts. 8 del Pacto de San José de Costa Rica y 14 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (PIDCP), como derecho humano
- este derecho fundamental no se satisface solamente con el cumplimiento mecánico de las reglas formales, sino que tiene una naturaleza protectora de fondo, es decir, que si bien es importante el tratar de que se logre el objetivo de llevar adelante un proceso sea este administrativo o judicial- sin errores formales, es aun más importante, si cabe el término, el velar por un orden justo, o mejor dicho en otras palabras, velar por la justicia material.
- Este entendimiento consiste básicamente en el papel que debe desempeñar el juez o del tribunal colegiado que tiene por especial misión el administrar la jurisdicción constitucional, dentro de su tarea de velar por la protección de los derechos fundamentales reconocidos en la Constitución Política del Estado, por lo que tendrá casos especiales en los que se tendrán que evaluar el cumplimiento del debido proceso formal y material, en los que posiblemente, los hechos denunciados se acomoden dentro de las leyes y estatutos que normen este tipo de situaciones, es decir, que las autoridades demandadas hayan cumplido con la normativa aplicable al caso, entonces nos encontramos con un debido proceso formal, sin embargo, si del análisis se establece que dicha normativa es de por si restrictiva de los derechos de defensa, o vulnere la seguridad jurídica de la administración de justicia y de los propios accionantes, entonces el juzgador deberá conceder la tutela precautelando sobre todo el orden justo y el debido proceso material”
- El derecho a la defensa es la potestad o facultad que tiene toda persona para desarrollar los actos procesales necesarios, así como producir y presentar todas las pruebas pertinentes, para desvirtuar los términos y extremos de la imputación o acusación que pesan en su contra
- para desvirtuar las acusaciones que se infieren en su contra afirmando su inocencia ante cualquier situación que le asigna el matiz de una supuesta culpabilidad. El mismo es predicable en todos los órdenes jurisdiccionales, y se aplica en cualquiera de las fases del procedimiento.
- el derecho que precautela a las personas para que en los procesos que se les inicia, tengan conocimiento y acceso de los actuados e impugnen los mismos con igualdad de condiciones conforme a procedimiento preestablecido y por ello mismo es inviolable por las personas o autoridad que impidan o restrinjan su ejercicio”
- III.3. Análisis del caso concreto
- conceder
- CONFIRMAR