SENTENCIA CONSTITUCIONAL PlurinacionaL 0022/2014-S2

La Sala Penal Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, constituido en Tribunal de garantías, pronunció la Resolución de 25 de febrero de 2014, cursante de fs. 8 vta., a 10 vta., denegando la tutela solicitada por el accionante con los siguientes fundamentos: a) El art 125 de la CPE, establece que: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad”; b) En concordancia el art. 46 del Código Procesal Constitucional (CPCo) que señala: “La acción de libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de locomoción de toda persona que crea estar indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”; y, c) En el presente caso, el accionante reconoce que inició un trámite administrativo por orden judicial, de manera que la demandada constituía un medio o puente para cumplir ciertas exigencias formales que estableció la autoridad jurisdiccional que le concedió la cesación a la detención preventiva; d) En todo caso, ante la negativa de su derecho a la petición determinado el art. 24 de la CPE, debió haber solicitado el amparo constitucional; y, e) Toda vez que, la autoridad administrativa demandada no generó ni caucionó su detención preventiva; sin embargo, para dar cumplimiento a un oficio de la autoridad jurisdiccional para que el accionante obtenga su libertad, el mecanismo legal correspondiente es la vía administrativa.