SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0542/2014
Fecha: 10-Mar-2014
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro del proceso civil de usucapión seguido por su persona contra Antero Silva Jauregui, la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, el 25 de febrero de 2013, pronunció el Auto de Vista 51/2013, mediante el cual se confirmó la sentencia de primera instancia, declarándose en consecuencia improbada la demanda incoada, resultando por tanto negativa a sus intereses.
Indica que, el referido Auto de Vista de acuerdo a las diligencias presuntamente efectuadas, fue notificado en su domicilio procesal en el Edificio Libertad, piso 10, oficina 1010, el 12 de marzo de 2013; sin embargo, dicho extremo no ocurrió por cuanto no le fue dejada ninguna copia del actuado procesal objeto de la notificación.
Señala que, la supuesta diligencia de notificación que cursa en el expediente no lleva firma del testigo de actuación que avale la veracidad del cumplimiento efectivo del actuado procesal, motivo por el cual ésta irregularidad fue impugnada ante la Sala Civil Tercera del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz mediante un incidente de nulidad, mismo que fue rechazado mediante Auto de 29 de mayo de 2013, con el argumento de que la diligencia de notificación estaría conforme las previsiones contenidas en los arts. 101 y 137.II del Código de Procedimiento Civil (CPC).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- 1)
- I.2.3. Intervención del tercero interesado
- denegó
- II.1.
- II.2.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. La acción de amparo constitucional. Su configuración constitucional
- III.2. Respecto a las notificaciones cedularias en el Código de Procedimiento Civil
- III.2.1. Jurisprudencia
- “Dicho acto es un instrumento primordial de materialización del principio de publicidad de la función jurisdiccional consagrado en el Art. 228 superior. Por efecto de dicho acto, sus destinatarios tienen la posibilidad de cumplir las decisiones que se les comunican o de impugnarlas en el caso de que estén en desacuerdo con ellas y ejercer su derecho de defensa. Por esta razón, el mismo constituye un elemento básico del debido proceso previsto en el Art. 29 de la Constitución
- “La notificación es una manifestación concreta del principio de publicidad que orienta el desarrollo del proceso y garantiza los derechos de contradicción y defensa. En este sentido, la notificación no es un acto de contenido meramente formal, sino que se surte con independencia de las decisiones que se adopten al interior del asunto, permitiendo la materialización del derecho de defensa de los potenciales afectados
- en cualquier clase de proceso, se constituye en uno de los actos de comunicación procesal de mayor efectividad, en cuanto garantiza el conocimiento real de las decisiones judiciales con el fin de dar aplicación concreta al debido proceso mediante la vinculación de aquellos a quienes concierne la decisión judicial notificada, así como que es un medio idóneo para lograr que el interesado ejercite el derecho de contradicción, planteando de manera oportuna sus defensas y excepciones. De igual manera, es un acto procesal que desarrolla el principio de seguridad jurídica, pues de él se deriva la certeza del conocimiento de las decisiones judiciales', de allí que 'asuntos como la ausencia de ciertas notificaciones o las innumerables y graves irregularidades en que se pueda incurrir al momento de efectuarlas, no pueden quedar sin posibilidad alguna de alegación por la persona afecta, pues un impedimento de tal naturaleza violaría su derecho fundamental al debido proceso
- debido proceso
- III.3.1. Jurisprudencia
- III.4. Análisis del caso concreto
- 3º Anular