I.1. Contenido de la denuncia
Por memorial presentado el 28 de febrero de 2014 (fs. 940), las impetrantes manifiestan que reiteradamente explicaron a Alberto Gómez Salazar, supuesto propietario y accionante, su “absoluta y sincera” decisión de pagar los terrenos que tienen, si demuestra fehacientemente que él es dueño, pues sólo presentó documentos fraguados, por lo que al lograr la SCP 0525/2013-L de 18 de junio, se engañó a autoridades “del poder legalmente constituido en nuestro País” (sic), utilizando la misma se pretende “…extorsionar, coaccionar a cerca de 800 familias, vivientes hacen más de 7 años, que construyeron sus casas con sacrificio inclusive endeudamiento en entidades bancarias…” (sic).
Denuncian en concreto que, la Sala Civil y Comercial Segunda del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, modificó lo dispuesto en la SCP “025/2013-L” [lo correcto es, 0525/2013-L], ampliando a otros que se encuentran ocupando dichos terrenos, cuando los “accionados” son catorce personas, a los que se debe notificar previo desapoderamiento, habiendo por Resolución de 28 de enero de 2014, en solo ocho días, cambiado su determinación de 20 del mismo mes y año, en el sentido de que se cumpla conforme dispone la Sentencia Constitucional Plurinacional, siendo que no es instancia superior al Tribunal Constitucional Plurinacional.