SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0775/2014

A consecuencia del proceso penal que les siguió el Ministerio Púbico, por los presuntos delitos de tráfico de sustancias controladas y encubrimiento, mediante la aplicación del procedimiento abreviado, el Juez Noveno de Instrucción en lo Penal, pronunció sentencia condenatoria de once y seis años respectivamente, de reclusión.

En la misma audiencia, solicitaron la aplicación del art. 75 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (L1008), la excepción de sanción, al demostrar que los accionantes eran conyugues, presentando certificado de matrimonio, libreta de familia; asimismo, requirieron la aplicación del art. 431 del Código de Procedimiento Penal (CPP); además acreditaron con el certificado médico forense y tomografías presentadas, exponiendo el evidente estado de embarazo de la coaccionante, determinándose por parte de la autoridad judicial la procedencia de la excepción de sanción en favor de Raúl Felipe Mayta Apaza y la detención domiciliaria de María Eugenia Mamani Quispe, debido a su estado de gravidez.

Lamentablemente, desde el 28 de octubre de 2013, hasta la presentación del memorial de acción tutelar, la autoridad demandada no emitió el respectivo mandamiento de libertad ni dispuso el traslado para cumplir con la detención domiciliaria, bajo el argumento de que la sentencia condenatoria no se encontraba ejecutoriada; asimismo, esperaron la notificación con dicha Resolución que tampoco se la efectuó, insinuando el Juez cautelar, que los mandamientos deberían ser emitidos por el juez de ejecución penal, manteniéndoles en una ilegal detención, siendo la excepción de la sanción, de cumplimiento inmediato no existiendo motivo alguno para que se mantenga privado de libertad al haberse beneficiado con dicha excepción.

Finalmente refieren que, la no ejecutoria de la sentencia es un acto dilatorio que amenaza no solo la libertad, sino también la vida del ser en gestación, por las condiciones de hacinamiento e insalubridad que se tienen en los recintos penitenciarios y la negativa del Juez demandado de emitir el respectivo mandamiento de libertad y disponer el traslado de detención domiciliaria, lesionó sus derechos constitucionales.