SENTENCIA CONSTITUCIONAL PlurinacionaL 0985/2014

Sucre, 28 de mayo de 2014

SALA SEGUNDA

Magistrada Relatora: Dra. Mirtha Camacho Quiroga

Acción de libertad

Expediente: 05560-12-2013-AL

Departamento: Cochabamba

En revisión la Resolución de 3 de diciembre de 2013, cursante de fs. 43 vta., a 47 vta., pronunciada dentro de la acción de libertad interpuesta por Tom Prieto Ugarte en representación sin mandato de Serafín Flores y David Flores Carvajal contra María Antonieta Tejada Medina, Jueza de Instrucción Mixta y cautelar de Aiquile del departamento de Cochabamba.

I. ANTECEDENTES CON RELEVANCIA JURÍDICA

I.1. Contenido de la demanda

Por memorial presentado el 2 de diciembre de 2013, cursante de fs. 3 a 6, el representante de los accionantes, expresa los siguientes fundamentos de hecho y de derecho:

I.1.1. Hechos que motivan la acción

Sus representados fueron procesados por el Ministerio Público, por la supuesta comisión del delito de lesiones graves y tentativa de homicidio, proceso que radicó en el Juzgado de Instrucción Mixto y cautelar de Aiquile.

Una vez que se llevó a cabo la audiencia de aplicación de medidas cautelares, la autoridad ahora demandada, dispuso su detención preventiva en los penales de San Sebastián y San Antonio de Cochabamba.

Refiere que el 25 de noviembre de 2013, se llevó a cabo una audiencia de cesación a la detención preventiva, en la que la Jueza demandada, en base a argumentos nada valederos y en contradicción a la línea jurisprudencial, rechazó sus solicitudes, motivo por el cual sus defendidos interpusieron en la misma fecha el recurso de apelación correspondiente; empero, habiendo transcurrido cuatro días desde la presentación del memorial de recurso de apelación, no fue decretado y no existe la certeza de cuándo saldrá del despacho, ya que todavía no está labrada el acta respectiva y peor aún, de acuerdo a procedimiento el recurso de apelación debe ser corrido en traslado a las partes y recién se procederá a la concesión del recurso interpuesto.

Continua señalando que la ley establece que una vez presentado el recurso de apelación incidental de medida cautelar, el Juez debe emitir el correspondiente decreto dentro del plazo establecido, ordenando la remisión de las actuaciones al tribunal de alzada dentro de las veinticuatro horas, entendiendo que las solicitudes de las personas privadas de libertad deben ser atendidas con prontitud y diligencia, ya que lo contrario sería considerado como actos dilatorios.

Denuncia que en el caso de autos, al haberse presentado un recurso de apelación incidental y al no haber decretado hasta la fecha y menos remitido los antecedentes al Tribunal de alzada, dichos actos se constituyen en una prolongación indebida de su privación de libertad personal, que impide que puedan presentarse ante una sala a objeto de que se revoque el auto apelado y se apliquen medidas sustitutivas a la detención preventiva que vienen sufriendo.

I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados

El representante de los accionantes, denuncia la vulneración del derecho a la libertad, citando al efecto el art. 22 de la Constitución Política del Estado (CPE).

I.1.3. Petitorio

Solicita se conceda la tutela demandada y se disponga que el memorial de recurso de apelación sea decretado por la autoridad demandada, y se remitan los actuados de la Resolución apelada ante el Tribunal de alzada.

I.2. Audiencia y Resolución del Juez de garantías

Celebrada la audiencia pública el 3 de diciembre de 2013, según consta en el acta cursante a fs. 43, se produjeron los siguientes actuados.

I.2.1. Ratificación de la acción

De acuerdo al informe de la Secretaria del Juzgado de garantías, tanto los accionantes como su representante no se hicieron presentes en la audiencia de acción de libertad señalada.

I.2.2. Informe de la autoridad demandada

La demandada, María Antonieta Tejada Medina, Jueza de Instrucción Mixta y cautelar de Aiquile del departamento de Cochabamba, mediante informe escrito cursante de fs. 41 a 42 refirió lo siguiente: a) La detención preventiva de los accionantes responde al requerimiento de 3 de octubre de 2013, de imputación formal y solicitud de aplicación de medidas cautelares de carácter personal como la detención preventiva, por la supuesta comisión del delito de asesinato en grado de tentativa; b) Los coimputados, por memorial de 19 de noviembre del citado año, solicitaron la cesación a la detención preventiva, cuya audiencia fue programada mediante decreto para el 25 del mismo mes y año, debido a otras audiencias que ya estaban señaladas con anterioridad; c) La solicitud de cesación a la detención preventiva, fue rechazada ante la concurrencia de los presupuestos contenidos en los arts. 234.1), 2) y 10) y 235.1) y 2) del Código de Procedimiento Penal (CPC), referidos al riesgo de fuga y peligro de obstaculización; d) La transcripción del acta de dicho acto procesal referido por parte del Actuario del Juzgado, ha sufrido una serie de demoras debido a las diversas audiencias que ya tienen programadas en el Juzgado a su cargo; e) Por las tareas recargadas en el Juzgado, el Actuario ha estado transcribiendo paulatinamente el acta extrañada, la cual culminó recién el 2 de diciembre de 2013; f) La detención preventiva de los accionantes no es ilegal, aclarándose que el recurso de apelación incidental al rechazo a la cesación a la detención preventiva, responde a requisitos que con carácter previo deben ser cumplidos; y, g) Conforme al procedimiento de la Ley 1970, el recurso de apelación fue corrido en traslado a la otra parte, por tanto la remisión de las fotocopias no puede realizarse en tanto no se cumplan el plazo de tres días previstos por la norma penal.

I.2.3. Resolución

La Jueza de Partido y Sentencia de Aiquile, constituida en Jueza de garantías, pronunció la Resolución de 3 de diciembre de 2013, cursante de fs. 43 vta., a 47 vta., concediendo la tutela solicitada por los accionantes y dispuso que la Jueza demandada, cumpla con lo establecido por los arts. 132.1 y 251 del CPP, con los siguientes fundamentos: 1) En el caso presente y de la prueba remitida al Tribunal de garantías, se observa que la autoridad demandada, no despachó oportunamente el memorial de interposición del recurso de apelación incidental, circunstancia que constituye un atentado al debido proceso y más aun aplicando el trámite establecido por el art. 403 del CPP y no así el art. 251 de la citada norma; 2) Lejos de obtener una respuesta oportuna hasta la presentación de la acción de libertad, el memorial del recurso de apelación no fue despachado habiendo transcurrido más de tres días, tratándose de un recurso que debe ser resuelto en veinticuatro horas, por tanto no existe un justificativo que atenué esa demora; 3) Si bien la autoridad demandada, señala que tenía otras actuaciones, lo que habría impedido eventualmente que se despache dicho memorial ; empero, no es justificativo para que el mismo no fuera decretado en su debida oportunidad; y, 4) Llama la atención la emisión de un proveído de 28 de noviembre de 2013 y que recién se haya notificado dicha providencia el 2 de diciembre del referido año, por consiguiente se evidencia la vulneración del principio de celeridad y el debido proceso que se encuentra vinculado al derecho a la libertad de los accionantes.

II. CONCLUSIONES

De la revisión y compulsa de los antecedentes que cursan en obrados, se establece lo siguiente:

II.1. Mediante memorial presentado el 27 de noviembre de 2013, ante la Juez de Instrucción Mixta y Cautelar de Aiquile, Serafín Flores y David Flores Carvajal, interpusieron al amparo del art. 403.3 del CPP, recurso de apelación incidental contra el Auto de 25 de noviembre de 2013.(fs. 1 y vta.) .

III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO

El representante denuncia la vulneración del derecho a la libertad, de de los accionantes, debido a que la Jueza ahora demandada, no decretó hasta la fecha el memorial de recurso de apelación incidental que interpusieron contra el Auto de 25 de noviembre de 2013, menos remitió los antecedentes al Tribunal de apelación, incurriendo la autoridad demandada en dilación indebida.

Corresponde en revisión, establecer si se debe conceder o denegar la tutela solicitada.

III.1. De la finalidad y los alcances de la acción de libertad

La Ley Fundamental, en su Capítulo Segundo “Acciones de Defensa”, instituye la acción de libertad, precisando: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad” (art. 125).

Asimismo, el Código Procesal Constitucional (CPCo), en su Capítulo Segundo referido a la acción de libertad, establece su objeto en el art.46, señalando lo siguiente: “La Acción de Libertad tiene por objeto garantizar, proteger o tutelar los derechos a la vida, integridad física, libertad personal y libertad de circulación, de toda persona que crea que está indebida o ilegalmente perseguida, detenida, procesada, presa o que considere que su vida o integridad física está en peligro”.

La SCP 0006/2012 de 16 de marzo, refiriéndose a la acción de libertad y su naturaleza jurídica ha desarrollado lo siguiente:

“La Constitución Política del Estado, Norma Suprema por excelencia, en su Capítulo Segundo “Acciones de Defensa”, instituye la acción de libertad, precisando: “Toda persona que considere que su vida está en peligro, que es ilegalmente perseguida, o que es indebidamente procesada o privada de libertad personal, podrá interponer Acción de Libertad y acudir, de manera oral o escrita, por sí o por cualquiera a su nombre y sin ninguna formalidad procesal, ante cualquier juez o tribunal competente en materia penal, y solicitará que se guarde tutela a su vida, cese la persecución indebida, se restablezcan las formalidades legales o se restituya su derecho a la libertad (art. 125) ”.

A su vez el art 23.I de la CPE, manifiesta que: Toda persona tiene derecho a la libertad personal y a la seguridad personal. La libertad personal solo podrá ser restringida en los límites señalados por la ley, para asegurar el descubrimiento de la verdad histórica en la actuación de las instancias jurisdiccionales.

Siguiendo estos lineamientos establecidos por la misma Constitución, se puede desprender que la acción de libertad, es un mecanismo de protección constitucional, tendiente a brindar la defensa y protección correspondiente cuando el derecho a la libertad, se ve vulnerado, tanto en lo que respecta a la libertad personal como el derecho a la vida, mostrando de esa manera su esencia característica de ser una acción tutelar, tanto preventiva, correctiva y reparadora, garantizando de esa forma el derecho a la libertad, y más aun cuando hay una interrelación directa de ésta con el derecho a la vida”.

III.2. La acción de libertad traslativa o de pronto despacho

Dentro de la clasificación doctrinal del hábeas corpus -ahora acción de libertad- se encuentra la acción de libertad traslativa o de pronto despacho, que implícitamente está inserta en el art. 125 de la CPE y ha sido definida por la SC 0044/2010-R de 20 de abril, en los siguiente términos: “…se debe hacer referencia al hábeas corpus traslativo o de pronto despacho, a través del cual lo que se busca es acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad” (las negrillas nos pertenecen).

Siguiendo este razonamiento, la SC 0080/2010-R de 3 de mayo, al tratar los supuestos en los que no opera la subsidiaridad excepcional y corresponde ingresar al análisis de fondo, refiere que: “b) Al haber privación de libertad y evidente negligencia o dilación por parte de las autoridades que rigen la actividad procesal penal, -por ejemplo si fijan audiencias de consideración con plazos no razonables, la injustificada suspensión, entre otras circunstancias”. De lo anotado, se extrae claramente que la acción de libertad traslativa o de pronto despacho tiene por objetivo precautelar aquellos supuestos en los que exista una demora o dilación injustificada por parte de la autoridad judicial o administrativa que está llamada a definir la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad.

III.3. Sobre la celeridad con la que deben actuar los administradores de justicia

El art. 178.I de la CPE, ha señalado que : “La potestad de impartir justicia emana del pueblo boliviano y se sustenta en los principios de independencia, imparcialidad, seguridad jurídica, publicidad, probidad, celeridad, gratuidad, pluralismo jurídico, interculturalidad, equidad, servicio a la sociedad, participación ciudadana, armonía social y respeto a los derechos” (Las negrillas nos corresponden).

A su vez, el art. 180.I de la Norma Suprema, ha determinado que la Jurisdicción Ordinaria, se fundamenta en los principios procesales de gratuidad, publicidad, transparencia, oralidad, celeridad, probidad, eficiencia accesibilidad, inmediatez, verdad material, debido proceso e igualdad de las partes ante el Juez; artículos que tienen concordancia a lo dispuesto por la Ley del Órgano Judicial, que en su art. 30.3, señala que el principio de celeridad comprende la agilidad de los procesos judiciales tramitados, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia (las negrillas nos corresponden).

III.4. Análisis del caso concreto

Dentro de la problemática del presente caso, los accionantes a través de su representante denuncian la vulneración de su derecho a la libertad, por parte de la autoridad judicial ahora demandada, en el sentido de que esta estaría provocando una dilación indebida en cuanto a la definición de su situación jurídica, ya que alegan que dentro del proceso penal que el Ministerio Público instauró en su contra, fueron imputados formalmente por la supuesta comisión del delito de lesiones graves y tentativa de homicidio, siendo detenidos preventivamente en diferentes penales de la ciudad de Cochabamba.

En el caso, el 25 de noviembre de 2013, se llevó a cabo una audiencia de cesación a la detención preventiva, en la cual la Jueza demandada, rechazó su solicitud de cesación a la detención preventiva de los ahora accionantes, mediante Auto de la fecha referida, por lo que interpusieron recurso de apelación incidental contra el referido Auto; empero, hasta la fecha el memorial de recurso de apelación, no fue decretado por la Jueza demandada, lo que se constituye en actos dilatorios que prolongan su detención preventiva.

De acuerdo al Fundamento Jurídico III.3 de la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, el principio de celeridad comprende la agilidad con la cual deben ser tramitados los procesos judiciales sin excepción, procurando que su desarrollo garantice el ejercicio oportuno y rápido de la administración de justicia, en ese sentido, se puede afirmar que la jueza ahora demandada, no actuó aplicando el referido principio, con la que deben actuar los administradores de justicia, ya que de la revisión de los antecedentes que cursan en obrados, se observa que los accionantes presentaron su recurso de apelación incidental el 27 de noviembre de 2013, sin que el memorial de dicho recurso haya sido resuelto con el respectivo proveído o decreto que establece el art. 132.1 del CPP, que señala que el Juez Tribunal “Dictara las providencias de mero trámite dentro de las veinticuatro horas de la presentación de los actos que la motivan”.

En ese sentido, se evidencia una dilación indebida por parte de la Jueza accionada, actuación que hace viable en el presente caso activar la acción de libertad de pronto despacho, que se configura según lo establece el Fundamento Jurídico III.2, con el fin de acelerar los trámites judiciales o administrativos cuando existen dilaciones indebidas, para resolver la situación jurídica de la persona que se encuentra privada de libertad, como es el caso de los accionantes.

Debe señalarse que si bien la Jueza demandada, en su informe remitido al Juez de garantías, señala que los requisitos y trámites establecidos para el recurso de apelación conforme al Procedimiento establecido por la Ley 1970, fueron corridos en traslado a las partes el 2 de diciembre de 2013; sin embargo, en dicho informe la Jueza no adjuntó el proveído correspondiente que hubiese ordenado tal actuación, para poder desvirtuar lo denunciado por la parte accionante.

Por todo lo expuesto, al haberse comprobado la existencia de la dilación denunciada por los accionantes y que conllevó a la vulneración de su derecho a la libertad, así como el debido proceso, corresponde otorgar la tutela solicitada.

En consecuencia, el Tribunal de garantías, al haber concedido la tutela impetrada, a través de la presente acción de defensa, ha evaluado en forma correcta los datos del proceso y las normas aplicables al mismo.

POR TANTO

El Tribunal Constitucional Plurinacional, en su Sala Segunda; en virtud de la autoridad que le confiere la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia y el art. 44.1 del Código Procesal Constitucional, en revisión, resuelve: CONFIRMAR en todo la Resolución 3 de diciembre de 2013, cursante de fs. 43 vta., a 47 vta., dictada por la Jueza de Partido y Sentencia Penal de Aiquile del departamento de Cochabamba y en consecuencia, CONCEDER la tutela solicitada, en los términos establecidos por la Juez de garantías.

Regístrese, notifíquese y publíquese en la Gaceta Constitucional Plurinacional

Fdo. Dra. Mirtha Camacho Quiroga

MAGISTRADA

Fdo. Dra. Soraida Rosario Chánez Chire

MAGISTRAD