SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1080/2014
Fecha: 10-Jun-2014
I.1.1. Hechos que motivan la acción
Dentro el proceso administrativo por contrabando contravencional, la Aduana Nacional de Bolivia, emitió el Acta de intervención contravencional AN-GRORU-ORUI-SPCC11 de 27 de julio de 2011 y la Resolución Sancionatoria en Contrabando AN-GRORU-ORUOI-SPCCR 1952/2012 de 6 de julio, contra la Agencia Despachante de Aduana Pirámide, resolución que impugno mediante el recurso de alzada y posteriormente por recurso jerárquico; este último, por Resolución AGIT-RJ 0155/2013 de 5 de febrero, que confirmó la determinación cuestionada.
Alega que, a consecuencia de la referida disposición, el 15 de febrero de 2013, comunicaron a la Aduana Nacional de Bolivia la interposición del proceso contencioso administrativo, a este efecto presentó como garantía la póliza de caución ADA-ORU-000081; misma que fue rechazada por Auto Administrativo AN-GRORU-ORUOI-SPCC 1635/2013 de 18 de octubre, emitido por el Administrador a.i. de Aduana Interior Oruro, en base al art. 43 de la Ley de Procedimiento Administrativo (LPA).
Refiere que, contra dicha resolución el 25 de octubre de 2013, presentó recurso de alzada, que fue rechazado mediante Auto de 30 del mismo mes y año, emitido por el Responsable Departamental de Recursos de Alzada a.i. de Oruro, con el argumento de no haberse cumplido con los arts. 143 del Código Tributario Boliviano (CTB) y 4 de la Ley 3092 de 7 de julio de 2005; sin apreciar correctamente los alcances del último artículo y analizar coherentemente el Auto Administrativo impugnado, señalando que dicha resolución carece de motivación.
Finalmente, señala que contra dicha determinación interpuso el recurso jerárquico, que fue resuelto por Auto de 1 de noviembre de 2013, que declaró improcedente el mismo, siendo resuelto por el Responsable Departamental de Recursos de Alzada a.i. de Oruro, debiendo ser remitido para su resolución a la Autoridad General de Impugnación Tributaria.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- a)
- I.2.3. Informe del representante del Ministerio Público
- denegó
- II.3.
- II.5.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. El control tutelar de constitucionalidad y el resguardo a derechos fundamentales a través de la acción de amparo constitucional
- concebida como fuente primaria del ordenamiento jurídico y a la vez directamente justiciable
- la funcionalidad de la Constitución Política del Estado
- gozan de igual jerarquía y son directamente aplicables y justiciables.
- estructura esta acción sobre la base de los principios de sumariedad, inmediatez, eficacia, idoneidad y oportunidad
- es un verdadero proceso de naturaleza constitucional
- y constituye una garantía de legalidad procesal que ha previsto el Constituyente para proteger la libertad, la seguridad jurídica y la fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales
- como la motivación de las resoluciones, la defensa, la pertinencia, la congruencia, de recurrir, entre otras, y que se aplican toda clase de actuaciones judiciales y administrativas, constituyendo las distintas garantías jurisdiccionales inherentes al debido proceso, normas rectoras a las cuales deben sujetarse las autoridades pero también las partes intervinientes en el proceso en aplicación y resguardo del principio de igualdad'.
- 1)
- Toda resolución sea emitida en un proceso judicial o administrativo, necesariamente deben contener una adecuada motivación y fundamentación respecto a los hechos en los que se base, a las pruebas que se aportaron y a las disposiciones legales en las que se sustente su decisión, puesto que el relacionamiento de estas con los hechos que le dieron origen, constituye la fundamentación y motivación a la que el debido proceso se refiere.
- las resoluciones que emiten las autoridades judiciales y administrativas debe exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustentan la parte dispositiva de esas resoluciones. Este deber de fundamentación, se vincula tanto con la garantía del debido proceso como con el derecho a la seguridad jurídica…
- señaló que toda resolución '…debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma.
- ha dejado establecido que: '«la seguridad jurídica» es un principio, y al ser un principio, no puede ser tutelado por el recurso o acción de amparo constitucional que tiene por finalidad proteger derechos fundamentales -no principios-, reconocidos por la Constitución, las normas internacionales de derechos humanos reconocidos y/o ratificados por el país (que conforman el bloque de constitucionalidad) y las leyes; sin embargo, por su reconocimiento constitucional, no puede ser inobservado por las autoridades jurisdiccionales y/o administrativas, a momento de conocer y resolver un caso concreto sometido a su competencia, por tanto es de inexcusable cumplimiento'.
- más sin embargo, ello no implica que sea tutelable, precisamente y como se tiene explicado, por no ser un derecho autónomo, como sostuvo la pasada jurisprudencia de este Tribunal
- III.5.
- Al derecho a ser escuchado en el proceso; ii) Al derecho a presentar prueba; iii) Al derecho a hacer uso de los recursos; y, iv) Al derecho a la observancia de los requisitos de cada instancia procesal, que actualmente se encuentra contemplado en el art. 119.II de la CPE'
- III.6. Procedimiento de los recursos administrativos
- III.6.1. El acto administrativo, sus características y efectos jurídicos
- Los actos administrativos definitivos son aquellos declarativos o constitutivos de derechos, declarativos porque se limitan a constatar o acreditar una situación jurídica, sin alterarla ni incidir en ella; y constitutivos porque crean, modifican o extinguen una relación o situación jurídica. Éstos se consolidan a través de una resolución definitiva; ingresando dentro de este grupo, por vía de excepción, aquellos actos equivalentes, que al igual que los definitivos, ponen fin a una actuación administrativa.
- “I.
- De lo relacionado se concluye que los actos administrativos susceptibles de impugnación, ya sea mediante los recursos administrativos o por vía jurisdiccional ulterior, son los definitivos y los equivalentes o asimilables, estos últimos porque pese a que no resuelven el fondo de la cuestión, sin embargo, impiden totalmente la tramitación del problema de fondo, y por tanto, reciben el mismo tratamiento que un acto denominado definitivo, porque con mayor razón son impugnables.
- Mientras que los actos administrativos de trámite o de procedimiento son los pasos intermedios que suelen dar lugar a la obtención del acto final o último o que sirven para la formación del mismo, se refieren expresamente a los procedimientos esenciales y sustanciales previstos y los que resulten aplicables del ordenamiento jurídico, que antes o luego de la emisión del acto administrativo, deben cumplirse.
- III.6.3. Mecanismos de impugnación específicos en materia aduanera
- 4.
- III.7. Análisis del caso concreto
- CONFIRMAR en todo