AUTO CONSTITUCIONAL 0314/2014-CA

De lo referido, se concluye que el recurso directo de nulidad, es un proceso constitucional para el control de legalidad, mediante el cual se preserva y resguarda la delimitación de la jurisdicción y competencia establecidas en las normas constitucionales o legales sobre los actos o resoluciones de las autoridades públicas, mediante la declaratoria de nulidad de los actos, resoluciones por usurpar funciones que no les competen o que ejerzan jurisdicción y competencia que no emane de la Constitución o de la ley; es decir, por sus características, este recurso es un medio jurisdiccional reparador.

Al respecto, este Tribunal en la SC 0020/2004 de 4 de marzo, reiterada por las SSCC 0099/2010-R y 0407/2010-R, entre otras, indicó que: “...el recurso directo de nulidad, para impugnar los actos o resoluciones de autoridades públicas, procede en dos supuestos jurídicos: 1) la usurpación de funciones que no le competen, debiendo entenderse por tal el ejercicio de una función sin tener título o causa legítima para ello; lo que significa el ejercicio ilegítimo, por parte de un funcionario o autoridad, de una función que le está reconocida a otra autoridad o funcionario; o estándole reconocida a él, ya expiró su periodo de funciones o está suspendido del ejercicio de las mismas por algún motivo legal; 2) el ejercicio de una jurisdicción o potestad no asignada por la Constitución o la Ley; debiendo entenderse por tal, el que una persona o funcionario asuma una jurisdicción o ejerza una competencia que no le ha sido asignada por el ordenamiento jurídico, es decir, ejerza una jurisdicción o competencia inexistente en el ordenamiento jurídico”.

En cuanto a las causales de improcedencia, el art. 146 del CPCo, establece que el recurso directo de nulidad no procede contra: “1. Supuestas infracciones al debido proceso. 2. Las resoluciones dictadas por las autoridades judiciales, excepto cuando hubieran sido dictadas después de haber cesado o suspendidas en el ejercicio de sus funciones a causa de un proceso administrativo disciplinario en su contra. Esta última previsión es aplicable a las demás autoridades”.