SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 1920/2014
Fecha: 25-Sep-2014
II.4.
II.4. Mediante Auto de Vista 258 de 2 de agosto de 2013, la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Santa Cruz, dentro del proceso ejecutivo seguido por Guillermo Aldo José Rubini Airaldi en representación IASA contra Raúl Montero Saldías para el pago de Bs311 422,74, emergente del instrumento público 160/2004; en grado de apelación se revocó parcialmente la Sentencia de 11 de diciembre de 2012 objeto de apelación, sólo en lo pertinente a la cuantía de Bs311 422,74.-, la misma que se estableció en el monto acordado en el contrato de $us. 20.000.-, manteniéndose en todo lo demás resuelto, conforme al detalle siguiente: i) El Instrumento Público 160/2004, tiene calidad de título ejecutivo conforme el art. 487 del CPC; y al habérselo presentado en la judicatura laboral para acreditar la existencia de la relación laboral, no pierde esa calidad, teniendo el contrato doble efecto jurídico; vale decir, sirvió para que Raúl Montero Saldías solicite el pago de los beneficios sociales que le corresponden, así como para que la empresa proceda al cobro de la obligación contraída y que consta en el mismo instrumento; ii) La supuesta falta de fuerza ejecutiva del citado instrumento público no es evidente, porque concurren lo requisitos previstos en el art. 486 del CPC, habiéndose adjuntado además la liquidación que tiene la suficiente fuerza ejecutiva al no haber sido objetada dentro de tercero día; sin embargo, la ejecución del documento tiene un límite de $us20 000, circunstancia que no afecta la fuerza ejecutiva, ni vicia de nulidad el proceso, correspondiendo al Tribunal de alzada subsanar y corregir la omisión del a quo respecto a la cuantía acordada por las partes; iii) Con relación a la excepción de prescripción, resulta correcto lo resuelto por el a quo, al considerar tratarse de un contrato de tracto sucesivo y consiguientemente el cómputo no se efectúa desde la suscripción del contrato; iv) Respecto a la citación anómala practicada, la reclamación deviene en extemporánea al haber precluido su derecho; además que la misma, cumplió su finalidad al haber comparecido el demandado y asumido defensa; v) Respecto a la forma de citación al garante hipotecario Aquiles Menacho Quezada y la omisión respecto a Cristina Sejas Rivero, el apelante carece de legitimación para reclamar por terceros, sin acreditar personería; y, vi) Sobre el pago solicitado por la empresa ejecutante por concepto de productos perecederos, esa es una cuestión ajena al proceso ejecutivo, no mereciendo pronunciación alguna (fs. 220 y vta.).
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- a)
- denegó
- II.1.
- II.3.
- II.4.
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- “De conformidad al art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías reconocidos por la misma Constitución Política del Estado y la ley. Ámbito de protección que alcanza a la vulneración de Pactos y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado conforme se establece del tenor del art. 410 de la CPE.
- 'La acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto tampoco otorgar la tutela'”
- Fragmento 12
- III.2. El deber de valoración integral de la prueba
- los principios de la jurisdicción ordinaria, contemplan el de
- la valoración de las pruebas
- en lo relativo a prueba, la competencia sólo se reduce a establecer si fue o no valorada, pero no a imponer mediante este recurso cómo debe ser compulsada y menos a examinarla, lo que significa, que sólo se deberá disponer en casos de omisión de compulsa que se la analice siempre que curse en el expediente y que hubiera sido oportunamente presentada...'.
- Las autoridades no se apartaron de los marcos legales de razonabilidad y equidad;
- la parte procesal que se considere agraviada con los resultados de la apreciación efectuada dentro de un proceso judicial o administrativo, debe invocar la lesión a sus derechos fundamentales y
- el recurrente señale en qué medida, en lo conducente, dicha valoración cuestionada de irrazonable de inequitativa o que no llegó a practicarse, no obstante haber sido oportunamente solicitada, tiene incidencia en la Resolución final; por cuanto, no toda irregularidad u omisión procesal en materia de prueba (referida a su admisión, a su práctica, a su valoración, etc.) causa por sí misma indefensión material constitucionalmente relevante,
- las reglas precedentes, que impone como carga procesal obligatoria a la parte accionante explicar de modo sistemático y metódico la irrazonabilidad, inequidad, omisión arbitraria, o valoración equivocada de la prueba, como ha sido explicado en la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, constituyen instrumentos argumentativos, no causales de denegatoria de la acción de amparo constitucional, por lo que este Tribunal Constitucional Plurinacional ingresará al estudio del caso concreto, para analizar en base a todas las reglas y sub reglas descritas, la legalidad y legitimidad de la resolución cuestionada”
- SC 0863/2007-R de 12 de diciembre, entre otras, señaló que: '…la garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o que dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.
- «(…) el derecho al debido proceso, entre su ámbito de presupuestos exige que toda Resolución sea debidamente fundamentada. Es decir, que cada autoridad que dicte una Resolución debe imprescindiblemente exponer los hechos, realizar la fundamentación legal y citar las normas que sustenta la parte dispositiva de la misma. Que, consecuentemente cuando un Juez omite la motivación de una Resolución, no sólo suprime una parte estructural de la misma, sino también en los hechos toma una decisión de hecho no de derecho que vulnera de manera flagrante el citado derecho que permite a las partes conocer cuáles son las razones para que se declare en tal o cual sentido; o lo que es lo mismo cuál es la ratio decidendi que llevó al Juez a tomar la decisión».
- la motivación no implicará la exposición ampulosa de consideraciones y citas legales, sino que exige una estructura de forma y de fondo. En cuanto a esta segunda, la motivación puede ser concisa pero clara y satisfacer todos los puntos demandados, debiendo expresar el Juez sus convicciones determinativas que justifiquen razonablemente su decisión en cuyo caso las normas del debido proceso se tendrán por fielmente cumplidas. En sentido contrario, cuando la resolución aun siendo extensa no traduce las razones o motivos por los cuales se toma una decisión, dichas normas se tendrán por vulneradas'.
- Fragmento 24
- III.4.Análisis del caso concreto
- 2°