SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 0983/2015-S2

La SCP 0193/2013 de 27 de febrero, reconduciendo los precedentes constitucionales respeto al trámite del incidente de extinción de la acción penal, determinó: “El Estado debe proteger en forma oportuna y efectiva a toda persona, mediante los jueces y tribunales en el ejercicio de sus derechos e intereses legítimos, conforme lo dispone el art. 115 de la CPE; norma constitucional que el parágrafo II sostiene que “El Estado garantiza el derecho al debido proceso, a la defensa y a una justicia plural, pronta, oportuna, gratuita, transparente y sin dilaciones”.

De dicha norma constitucional emerge el derecho a un proceso sin dilaciones indebidas; el cual se encuentra previsto de manera expresa en el art. 14.3 inc. c) del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que determina que: “Durante el proceso, toda persona acusada de un delito tendrá derecho, en plena igualdad, a las siguientes garantías mínimas: (…) c) A ser Juzgado sin dilaciones indebidas”.

                    
Dicho derecho se encuentra garantizado a través del instituto de la extinción de la acción penal por duración máxima del proceso, que se encuentra regulado en el art. 133 del CPP, -bajo la interpretación establecida en la SC 0101/2004 de 14 de septiembre- norma que dispone que todo proceso tendrá una duración máxima de tres años, vencido el mismo, el juez o tribunal que conoce el proceso de oficio o a petición de parte, declarara extinguida la acción penal, y que se complementa con lo establecido en el art. 27.10) del CPP que determina que la acción penal se extinguirá “Por vencimiento del plazo máximo de duración del proceso”.

Ahora bien, en cuanto a la tramitación de la solicitud de extinción de la acción penal, la jurisprudencia constitucional asumió en un primer momento que la misma podía ser presentada ante el juez o tribunal que en ese momento estuviera conociendo la causa y, por tanto, podría ser formulada ante el tribunal de apelación o casación, instancia que debía resolver la solicitud (Así, las SSCC 0305/2005-R 0245/2006-R y 0430/2010-R, entre otras).

                    
Sin embargo, posteriormente, la SC 1716/2010-R de 25 de octubre, cambiando el anterior razonamiento, sostuvo que si bien la extinción de la acción penal puede oponer en cualquier etapa de proceso, ello no implica que se deba presentar ante la autoridad donde se encuentre la causa, sino que corresponde a los jueces de instancia conocer y resolver dicha solicitud, con la eventualidad de su impugnación en la vía incidental ante los actuales Tribunales Departamentales de Justicia. La indica Sentencia Constitucional Plurinacional, tuvo el siguiente razonamiento: