SENTENCIA CONSTITUCIONAL PLURINACIONAL 1115/2015-S1
Fecha: 05-Nov-2015
I.1.1. Hechos que motivan la acción
En el proceso penal seguido contra Paulina Méndez Avendaño de Tapia, por la presunta comisión del delito de transporte de sustancias controladas, previsto y sancionado por el art. 55 de la Ley del Régimen de la Coca y Sustancias Controladas (Ley 1008), fue condenada a ocho años de privación de libertad. Ejecutoriada la sentencia y promulgado del Decreto Presidencial 2131 de 14 de noviembre de 2014, tramitó su indulto; sin embargo, pese a cumplir con todos los requisitos exigidos por el art. 4 de la mencionada norma, la autoridad demandada no revisó adecuadamente la documentación presentada, ni pronunció informe alguno; simplemente argumentó que la solicitud estaba observada porque faltaba legalizar el mandamiento de condena en el Juzgado de Ejecución Penal del departamento de Cochabamba, formalidad que no se encuentra requerida; además, no cumplió con el procedimiento establecido en el art. 5 del citado Decreto, que emplaza posterior a la revisión con el visto bueno pronunciar resolución y remitir al referido Juzgado que es el competente para la homologación del indulto, omisión que le causó perjuicio.
- acción de libertad
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.2. Derechos supuestamente vulnerados
- I.1.3. Petitorio
- concedió
- III. FUNDAMENTOS JURÍDICOS DEL FALLO
- III.1. Naturaleza jurídica de la acción de libertad
- III.2. Del debido proceso y su vinculación con el derecho a la libertad; reconducción de línea jurisprudencial
- en consecuencia, mediante la presente Sentencia Constitucional Plurinacional, se hace necesario reconducir el anterior entendimiento y restablecer la jurisprudencia constitucional previa, respecto a la exigencia de vinculación entre el derecho a la libertad y el debido proceso.
- Este entendimiento, emerge precisamente de la interpretación literal y teleológica del art. 125 CPE, que establece la procedencia de la acción de libertad, cuando se produzca una restricción o amenaza de restricción ilegal o indebida a los derechos fundamentales a la vida y a la libertad física a raíz de una persecución ilegal o un indebido procesamiento; en consecuencia, tratándose de la procedencia de la acción de libertad en relación al debido proceso, debe entenderse que la inobservancia a éste debido -proceso-, ha sido la causal principal para la afectación del bien jurídico libertad; pues, de lo contrario, si los actos emergentes del procesamiento no ponen en riesgo la libertad y no ocasionan su restricción, no podrán ser evaluados y considerados a través de la acción de libertad, correspondiendo su tratamiento, una vez agotados todos los medios intra procesales, a la acción de amparo constitucional, como medio de defensa idóneo en el jurisdicción constitucional para reparar y subsanar los defectos procesales en que pudieran haber incurrido tanto servidores públicos como personas particulares.
- III.3. Análisis del caso concreto
- , siempre y cuando el incumplimiento del debido proceso señalado sea la causa directa de la privación de libertad
- REVOCAR