SENTENCIA CONSTITUCIONAL Plurinacional 1446/2015-S2
Fecha: 23-Dic-2015
III.4
La problemática que plantea la presente acción de amparo constitucional se encuentra referida a que el accionante denunció vulneración de derechos al debido proceso, a la fundamentación y motivación de resoluciones judiciales, a la igualdad procesal, a la defensa y a la seguridad jurídica; toda vez que, habiéndose instaurado proceso ordinario de reivindicación para lograr el desalojo de un inquilino y la extinción de un contrato verbal de alquiler, en primera instancia la Jueza Sexta de Partido en lo Civil y Comercial del departamento de Cochabamba declaró improbada la demanda principal, planteada la apelación ante la Sala Civil Primera del Tribunal Departamental de Justicia de Cochabamba, esta confirmó la Sentencia de primera instancia; interpuesto el recurso de casación en la forma y en el fondo, la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia resolvió declarar infundado el recurso, no habiéndose motivado y fundamentado adecuadamente en forma clara y precisa los motivos por lo que se asumió tal determinación, así como las disposiciones legales que sustentan la misma, violentándose el derecho a la defensa, a la igualdad procesal y a la garantía del debido proceso.
Ahora bien, analizada la Resolución pronunciada por los Magistrados de la Sala Civil del Tribunal Supremo de Justicia, con relación a lo alegado por el accionante, que las resoluciones de instancia, así como el Auto Supremo pronunciado carecen de la debida fundamentación, motivación y congruencia, del análisis somero de las merituadas resoluciones judiciales; por el contrario, las autoridades jurisdiccionales demandadas, cumplieron con su deber de argumentar sus resoluciones explicando claramente el porqué de sus decisiones, citando al efecto la normativa legal en que la sustentan, cumpliendo así con su deber ineludible de motivación y congruencia que debe contener toda resolución sea judicial o administrativa; aclarándose que este Tribunal Constitucional Plurinacional, no es una instancia casacional, donde se efectúe valoración de la prueba, siendo esta una atribución privativa de la justicia ordinaria.
- acción de amparo constitucional
- I.1.1. Hechos que motivan la acción
- I.1.3. Petitorio
- I.2.2. Informe de las autoridades demandadas
- denegó
- II.1.
- II.3.
- III.
- De conformidad al art. 128 de la CPE, la acción de amparo constitucional es un mecanismo de defensa contra actos u omisiones ilegales o indebidas de servidores públicos o de persona individual o colectiva que restrinjan, supriman o amenacen restringir o suprimir derechos y garantías reconocidos por la misma Constitución Política del Estado y la ley. Ámbito de protección que alcanza a la vulneración de Pactos y Tratados Internacionales en materia de Derechos Humanos ratificados por el Estado conforme se establece del tenor del art. 410 de la CPE”.
- Fragmento 10
- La acción de amparo forma parte del control reforzado de constitucionalidad o control tutelar de los derechos y garantías, al constituirse un mecanismo constitucional inmediato de carácter preventivo y reparador destinado a lograr la vigencia de los derechos fundamentales y garantías constitucionales, siempre que no exista otro medio de protección o cuando las vías idóneas pertinentes una vez agotadas no han restablecido el derecho lesionado, lo que significa que de no cumplirse con este requisito, no se puede analizar el fondo del problema planteado y, por tanto tampoco otorgar la tutela’”
- Fragmento 12
- III.2. La fundamentación o motivación de las resoluciones judiciales
- Respecto a la fundamentación de las resoluciones, la SC 2023/2010-R de 9 de noviembre, resume en forma precisa los razonamientos doctrinales asumidos sobre el particular, señalando: 'La garantía del debido proceso, comprende entre uno de sus elementos la exigencia de la motivación de las resoluciones, lo que significa, que toda autoridad que conozca de un reclamo, solicitud o dicte una resolución resolviendo una situación jurídica, debe ineludiblemente exponer los motivos que sustentan su decisión, para lo cual, también es necesario que exponga los hechos establecidos, si la problemática lo exige, de manera que el justiciable al momento de conocer la decisión del juzgador lea y comprenda la misma, pues la estructura de una resolución tanto en el fondo como en la forma, dejará pleno convencimiento a las partes de que se ha actuado no sólo de acuerdo a las normas sustantivas y procesales aplicables al caso, sino que también la decisión está regida por los principios y valores supremos rectores que rigen al juzgador, eliminándose cualquier interés y parcialidad, dando al administrado el pleno convencimiento de que no había otra forma de resolver los hechos juzgados sino de la forma en que se decidió.
- Del citado razonamiento, se concluye que la fundamentación de las resoluciones judiciales, constituye un elemento inherente a la garantía jurisdiccional del debido proceso, lo que significa que la autoridad que emite una resolución necesariamente debe exponer los hechos, la valoración efectuada de la prueba aportada, los fundamentos jurídicos de su determinación y las normas legales que aplica al caso concreto y que sustentan su fallo; lo que de ninguna manera implica una argumentación innecesaria que abunde en repeticiones o cuestiones irrelevantes al caso, sino que al contrario debe desarrollar, pero con precisión y claridad, las razones que motivaron al juzgador a asumir una determinada resolución, claro está con la justificación legal que respalda además esa situación
- “Conforme ha establecido la reiterada jurisprudencia constitucional, la interpretación de la legalidad ordinaria es una facultad privativa de la jurisdicción ordinaria; sin embargo, corresponde a la jurisdicción constitucional comprobar si en esa labor interpretativa no se quebrantaron principios constitucionales, como ser de legalidad, seguridad jurídica, proporcionalidad, igualdad, jerarquía normativa y debido proceso, mismos que se constituyen en rectores de la administración de justicia ordinaria y a los cuales se halla sujetos todos aquellos que la imparten.
- ‘La interpretación de las normas legales infra constitucionales, de manera general, es atribución exclusiva de los jueces y tribunales ordinarios; así, a través de la presente acción tutelar, no es posible que esta labor sea conocida por la jurisdicción constitucional como una instancia de casación adicional o complementaria ante la que pueda solicitarse un nuevo análisis de la interpretación efectuada, salvo que la problemática concreta adquiera relevancia constitucional, cuando se advierta afectación a algún derecho fundamental o garantía constitucional y un evidente desconocimiento de los principios rectores en los que se fundamenta la jurisdicción ordinaria’.
- De donde se concluye que, la jurisdicción constitucional, al no constituirse en una nueva instancia procesal, no puede realizar la interpretación de la legalidad ordinaria aplicada en el caso concreto, y tampoco puede efectuar una nueva valoración de los elementos probatorios aportados por los sujetos procesales; sino que, su ámbito de acción ante estos presupuestos, se limita a la verificación que, en esa labor, las autoridades jurisdiccionales, no se hayan apartado de los principios del derecho y que sus actos se enmarquen dentro de los límites de la razonabilidad, objetividad y equidad”.
- III.4
- Fragmento 20
- CONFIRMAR en todo